El Gobierno español ha traspasado todas las líneas rojas y castiga más a los trabajadores con la reforma laboral que aprobó el pasado miércoles 16 de junio. Es la reforma más dura y agresiva de los últimos 30 años, y sólo beneficia, al contrario de lo que dice el presidente español José Luis Rodríguez Zapatero, a los empresarios que todavía quieren profundizar más en sus conquistas frente a los trabajadores ante el debilitado Gobierno español.

Todas las medidas que desde 1980 se han puesto en marcha en el mercado laboral siempre han lesionado derechos de los trabajadores y no han cumplido los objetivos para las que se diseñaron, como la creación de empleo o la reducción de la temporalidad, pero esta última ha desbordado los peores augurios.

Tal es así que ni UGT ni CCOO han aceptado continuar en esa línea y han dejado solo a José Luis Rodríguez Zapatero, porque la agresión no tiene precedentes y supone una cesión al poder económico y empresarial impresionante. Sin embargo, también hay que señalar que ambos sindicatos no han roto de forma definitiva el diálogo social con los gobiernos lo que deja en el aire la duda de si esa decisión es real o una estrategia deliberada para quedar bien ante sus afiliados y los trabajadores.

La reforma laboral de Zapatero permite sustituir trabajadores con empleo digno, de calidad y seguro por contratos precarios. Facilita el despido y, además, se financia la destrucción de empleo con el apoyo de las arcas públicas. Otorga capacidad a los empresarios para modificar las condiciones laborales, lo que deja en papel mojado la negociación colectiva. También da vía libre a la entrada de las agencias privadas de colocación con ánimo de lucro y elimina las restricciones de intermediación laboral a las empresas de trabajo temporal (ETT).

La ley de Zapatero no terminará con la precariedad laboral y, por lo tanto, dejará a los trabajadores desprotegidos y humillados a merced de esta insaciable patronal que, de nuevo, ha ganado la partida. Pretende, con el apoyo del Gobierno del PSOE hoy, y antes también del PP, eliminar todas aquellas conquistas que multitud de trabajadores consiguieron a través de la lucha. Quien tiene que crear empleo es el empresario, y debiera ser de calidad. No lo hace. Hay que reconocer que algunas de las reformas contaron con el apoyo de los sindicatos españoles CCOO y UGT, unas veces de forma conjunta, y otras sólo con el respaldo de una de las formaciones.

Hasta la fecha, en las cinco importantes reformas de 1984, 1994, 1997, 2001 y 2006 pusieron en bandeja el empleo temporal, la posibilidad de salarios más bajos y la extensión de la precariedad hasta niveles exagerados. Despedir ha sido muy fácil como lo ha demostrado la crisis actual y, aunque siempre dicen que miran al resto de la Unión Europea en cuanto a condiciones de trabajo y de salario, en realidad donde están clavando sus ojos es en aquellos países en donde la explotación laboral se desarrolla a plena luz del día, sin enmascaramientos.

Isabel Otxoa, profesora de EHU-UPV, en un trabajo amplio que realizó hace tres años para Manu Robles-Arangiz Institutua, ligado al sindicato ELA, subrayó que «las sucesivas reformas han tenido como objetivo debilitar a la clase trabajadora otorgando más poder a los empresarios. Se desregula la ley laboral para permitir, entre otras cosas, contratos de trabajo a la carta, flexibilidad mientras se mantiene el puesto de trabajo, facilidades para despedir libremente y de forma cada vez más barata y la extensión de la subcontratación sin control. La figura de las empresas de servicios son simple y llanamente explotación de mano de obra».

En ese sentido, también hace tres años la Fundación Ipar Hegoa, ligada a LAB, realizó una jornada de análisis del empleo de calidad en la que el economista crítico Michel Husson aseguró que reduciendo un 10% el tiempo de trabajo «sin pérdida de salario» en el conjunto de la Unión Europea y aplicando contrataciones proporcionales «se reducirá el paro a la mitad en Europa». Es evidente que esa no es la vía que han elegido los gobiernos ni los empresarios.

Objetivos incumplidos

Ninguna de las reformas laborales en el Estado español «ha conseguido todos los objetivos que se proponían» y «la falta de efectividad real en la consecución de los objetivos de las distintas reformas, tendentes a la generación de empleo estable a través de la contratación laboral y a la disminución del número de parados, ha sido evidente». Así lo dicen Sandalio Gómez, Ignacio Contreras y María Dolores Gracia, de la Cátedra de Relaciones Laborales del IESE, que analizaron el impacto real de las reformas desde 1985 a 2008.

El estudio de estos profesores pone en evidencia ese fracaso continuo. En la primera reforma laboral en 1984 , con una tasa de paro del 20,6%, muy cerca a la tasa actual, se introdujo el contrato de fomento al empleo. «Impulsó la contratación, que se incrementó de manera muy importante, pero se debió al aumento de los contratos temporales» y, por lo tanto, los profesores escriben que «cumplió su objetivo de crear empleo», pero «generó un nuevo problema: el elevado número de contratos temporales. Se planteó una nueva reforma que, entre otras cosas, procurara reducir la elevada temporalidad». Tras esta primera reforma, «se consiguió elevar la contratación temporal, pero no redujo la elevada tasa de paro».

Llegan las ETT

En 1994 se llevó adelante la segunda gran reforma laboral. El objetivo que se marcó el Gobierno español fue disminuir la contratación temporal suprimiendo el contrato de fomento del empleo, facilitar la inserción de jóvenes en el mercado laboral con contratos de formación, como los de aprendizaje y prácticas, y flexibilizar el despido individual y colectivo.

Pero, en esta ocasión se legalizaron las empresas de trabajo temporal (ETT). «No consiguió reducir la temporalidad» y su mayor logro «se situó en introducir de forma generalizada la flexibilidad laboral», señalan.

En esta época, con un paro que rondó el veinticuatro por ciento, se permitieron contratos en desigualdad, que hoy figuran en muchas empresas, porque los nuevos trabajadores perciben salarios diferentes por llevar a cabo el mismo trabajo que los trabajadores con más antigüedad.

En 1997, con la tercera reforma laboral importante, se persiguió aumentar la contratación indefinida, a través de los contratos de fomento de la contratación indefinida, que permitía una indemnización por despido de 33 días y que en la actual reforma de 2010 cobra también un protagonismo especial. Fracasó, aunque creó empleo precario. En la actualidad, 92 de cada 100 contratos son temporales.

La cuarta nos llevó a 2001 para incentivar la contratación indefinida, en pleno auge económico, pero aumentaron aún más los contratos precarios. En 2006 se cerró la quinta reforma, que entregó más de 3.000 millones de euros a los empresarios para perseguir la contratación indefinida, pero no redujo de forma significativa el porcentaje de temporalidad.

En las reformas sólo hay un ganador: el empresario, que ha logrado obtener en tres lustros unos resultados económicos espectaculares y, sin embargo, ha aumentado la precariedad laboral y la contratación temporal. Siempre apoyado por las administraciones públicas. Con la sexta reforma, que ya se encuentra en vigor, el empresario obtiene ahora más ventajas.