El próximo 17 de julio las calles de Bilbo serán escenario y testigo de una constatación: una amplia mayoría social en Euskal Herria se opone frontalmente a que se celebre el juicio contra Udalbiltza, en el que la Audiencia Nacional sentará en el banquillo de los acusados a 24 electos abertzales por el simple hecho de hacer política. Y de hacer política de forma pública, transparente, institucional y, sobre todo, democrática. Algo que, al menos en teoría política, está en la misma base de cualquier estado de derecho.

La criminalización de Udalbiltza por parte del Estado español pone de relieve el pleno acierto de su gestión, su capacidad para, desde la legitimación que le otorgó el respaldo popular, sacar adelante numerosos proyectos ligados a la construcción nacional de Euskal Herria y a la consolidación de su identidad. Y fue precisamente esa capacidad la que provocó la violenta reacción de los poderes del Estado, empeñados en aplastar cualquier manifestación del deseo del pueblo vasco por constituirse en nación independiente. El próximo 17 de julio esa estrategia encontrará la horma de su zapato en la solidaridad que recorrerá la capital vizcaina.