Las centrales sindicales que conforman la mayoría sindical vasca, ELA, LAB, ESK, STEE-EILAS, EHNE e Hiru, plantearon diez actuaciones urgentes para luchar contra la crisis a la vuelta del verano de 2009, tras realizar la huelga general de mayo, y con la idea de cambiar el rumbo que estaban fijando los poderosos para afianzar el sistema capitalista más feroz, que es el que ha causado esta crisis económica mundial. La mayoría sindical vasca apuesta por un modelo económico y social alternativo, basado en la justicia social, en la igualdad, en el reparto de la riqueza y del trabajo, tanto productivo como reproductivo, todo ello dentro del marco vasco de relaciones laborales y de protección social, para que sean los trabajadores vascos los que marquen el futuro de este pueblo.

Ese decálogo fue respaldado por 132.000 personas de Hego Euskal Herria. Lo que hace un año anticipó la mayoría sindical se ha producido. Decían que sin ese cambio de rumbo, la crisis perjudicaría más a los trabajadores. Así ha sido. El Gobierno español, presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, sumiso al poder económico, ha aprobado la reforma laboral y tiene sobre la mesa la reforma de las pensiones, que perjudicará no sólo a los pensionistas actuales, a quienes ya les han congelado la pensión a partir de 2011, sino a quienes se encuentran en el mercado laboral en este momento, porque quieren ampliar la edad necesaria para poder jubilarse y calcular la pensión a lo largo de toda la vida laboral. Con la reforma laboral, el Gobierno español, que se apoya en los partidos del arco parlamentario para introducir nuevas modificaciones y recortes, permite a los empresarios cambiar empleo digno e indefinido por contratos precarios, y que los despidos los paguen las arcas públicas en una buena parte. También dejan a los empresarios la llave de la negociación colectiva, para hacer y deshacer frente a las demandas de los trabajadores en sus puestos.

La mayoría sindical vasca recuerda que las diez medidas del decálogo se pueden llevar a cabo, sólo hace falta voluntad política para ello y para retirar la reforma laboral.

Mantenimiento del empleo

La primera intervención que exige la mayoría sindical vasca es «el mantenimiento del empleo frente a los despidos» y eliminar el fraude en la contratación temporal, obligando a las empresas a convertir el empleo temporal en indefinido. Limitar las contrataciones, no privatizar los servicios públicos y proteger la salud de los trabajadores.

En tres años se han reducido las contrataciones en 247.080 contratos. El 92% de la contratación que se produce en Hego Euskal Herria es temporal y en tres años los empresarios han despedido a 126.570 trabajadores. Además se producen más de 100.000 accidentes laborales, de los que cerca de la mitad son con baja. Casi un centenar de trabajadores fallece por la falta de prevención en las empresas. Por lo que esta reclamación de unos empleos seguros, estables y dignos son necesarios en Hego Euskal Herria.

También reclama, en segundo lugar, garantizar la igualdad en las condiciones laborales, eliminando toda discriminación. La encuesta Anual de Estructura Salarial del INE reconoce que el salario de los hombres en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa es un 30% más elevado que el de las mujeres, pero en Nafarroa esa diferencia se dispara al 39%. Además, confirma que un 64% de las mujeres tienen unos bajos ingresos económicos sobre el conjunto de los asalariados.

La mayoría sindical vasca reclama también que se produzca un aumento de las prestaciones sociales para responder al incremento del desempleo y de la pobreza. «Que todas las personas en desempleo perciban una prestación que permita una vida digna» y que «se implante un salario social por encima del umbral de la pobreza», que en Hego Euskal Herria se sitúa en 1.069 euros al mes. En este sentido, casi la mitad de los parados de Hego Euskal Herria no tienen prestación económica alguna y aquellos que cuentan con la renta de garantía de ingresos se encuentra bastante alejada del salario mínimo interprofesional, que a su vez es muy inferior al umbral de la pobreza. La tasa de pobreza en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa alcanza al 4,1% de la población y la ausencia de bienestar llega al 14,6%; es decir, casi uno de cada cinco habitantes. En Nafarroa es algo inferior, 3,2% y 10,9%, según datos de 2008, lo que indica que en este momento esos porcentajes habrán aumentado.

Para conseguir estas actuaciones, ELA, LAB, ESK, STEE-EILAS, EHNE e Hiru reclaman una «política fiscal justa y progresiva que contribuya al reparto más equitativo de la riqueza» y un mayor control de la inspección fiscal para evitar el fraude existente y que en Hego Euskal Herria supera los 10.000 millones de euros, según las últimas estimaciones de Elkartzen.

Acumulación de riqueza

En este caso hay que recordar que un 1,30% de la población de Hego Euskal Herria acumuló el 44,4% de la riqueza que se generó en suelo vasco, según los datos del Banco Banif. En este caso, Merrill Lynch y Capgemini han dado a conocer que los grandes patrimonios en el Estado español crecieron en 2009, en plena crisis económica, en un 12,5%, y mientras el paro alcanza a 171.344 personas en Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa, los beneficios de las empresas del Ibex-35 crecieron en el primer trimestre un 20% y los 585 consejeros ejecutivos de esas compañías obtuvieron un salario medio el pasado año de 989.000 euros. Es decir, la crisis la sufre la mayoría, la clase trabajadora.

Además, la mayoría sindical vasca plantea un aumento del gasto público en Sanidad y Educación para equipararlo a los países económicamente más desarrollados. Sin embargo, los gobiernos han optado por el sentido contrario, lo que perjudica a la mayoría de la población que tiene menos recursos. Además, ayer mismo ELA ofreció el dato de que el gasto público en el Estado español en relación al PIB era en 2009 el más bajo de la UE, sólo por detrás se encontraba Luxemburgo. La media de la UE es del 50,7% y en el Estado español el gasto público cae al 45,9%.

El decálogo exige reconocer todas las situaciones de dependencia; cobertura de la red pública de todas las plazas que se demanden para el tramo de 0 a 3 años y acceso efectivo a una vivienda de alquiler social y penalización de las viviendas vacías. Todo ello con el fin de «impulsar el sector público como motor de desarrollo económico y social», aunque los datos confirman que a ese motor se le ha dejado averiarse con el objetivo de que el sector privado pueda hacer negocio con los servicios que deberían ser universales.

Reclama también que se garantice la libertad sindical y el respeto a las mayorías sindicales, así como «el derecho a huelga» y fomentar la participación de la sociedad en el diseño de las políticas económicas y sociales, «teniendo en cuenta su opinión a través de procesos reales de consulta y referéndum vinculantes en asuntos importantes». Por último, el decálogo se cierra con el impulso del marco vasco de relaciones laborales (MVRL) y de protección social con el objetivo «de dotarnos en Hego Euskal Herria de legislación propia en materia de empleo, negociación colectiva y protección social».