Responsables del sector público de LAB de Osakidetza, Función Pública, Enseñanza y Servicios Sociales comparecieron ayer en rueda de prensa para explicar que «los recortes en gasto social y en servicios públicos son otra razón para salir a la huelga el próximo 29 de junio». Tal como explicó la secretaria de LAB en el sector público, Arantza Sarasola, estos recortes se traducen en pérdidas importantes de empleo, lo que supone unos peores servicios para la ciudadanía y la entrada de empresas privadas en la gestión de los mismos, que significa una pérdida de derechos para la población.

Los responsables del sector público de la central sindical opinaron que la reforma laboral encaja en la estrategia del capital contra los servicios públicos y recordaron las restricciones que ya se han impuesto en Osakidetza, en la reducción del presupuesto para 2011 y para el año actual de los gobiernos de Lakua e Iruñea, que «supone la destrucción de empleo público, porque se realizarán 1.200 sustituciones menos y además el Gobierno de Lakua destruirá otros 300 empleos», dijo Sarasola.

«Legítima defensa»

Por su parte, el secretario general de ELA, Adolfo Muñoz, sostuvo que la huelga general es una herramienta de «legítima defensa» de los trabajadores, que están pagando los resultados de «políticas fracasadas». «Sólo ofrecen reducciones de derechos sociales», censuró el líder de ELA en una rueda de prensa celebrada en Donostia para presentar el informe de coyuntura económica de este sindicato.

Respecto a la reforma laboral, Muñoz criticó a los partidos que la han apoyado y también a los que, como el PNV, se han abstenido y han permitido su aprobación, a los que ha exigido que expliquen a los trabajadores «por qué han apoyado esta reforma tan salvaje».

Ayer también se conocieron los servicios mínimos impuestos por las administraciones. El Gobierno de Lakua ha decidido, entre otras medidas, que los centros hospitalarios deberán contar con el personal habitual de un festivo y que las empresas de transporte regular de viajeros mantendrán el 30% de sus servicios laborales habituales.

En Nafarroa, los sindicatos convocantes denuncian que el Gobierno de Sanz «pretende utilizar los servicios mínimos para tratar de condicionar el resultado de la huelga».