Bruselas propondrá que la deuda privada cuente en el procedimiento por déficit
La Comisión Europea propondrá el miércoles, a través de una comunicación, que el endeudamiento privado se tenga en cuenta en el procedimiento sancionador contra los estados miembros por exceso que incurran en un déficit excesivo, según los límites marcados en el Pacto de Estabilidad. Se trata de una medida reclamada sobre todo por Alemania, que encabeza las propuestas por limitar el gasto público en la Unión Europea.
GARA |
Como ha dejado claro en el planteamiento que ha llevado este pasado fin de semana a la cumbre del G20 en Toronto, la Unión Europea sigue empeñada en dar prioridad al recorte del déficit y de la deuda pública de los Estados, y el correspondiente recorte del gasto público. Ahora además, vinculará también a sus cálculos sobre la deuda, los datos relativos al endeudamiento privado de cada estado miembro
La Comisión Europea (CE) propondrá el próximo miércoles que el nivel de endeudamiento privado sea tenido en cuenta en el procedimiento sancionador que el Ejecutivo comunitario abre contra los países que han incurrido en un déficit excesivo, según fuentes europeas citadas por Efe.
Bruselas incluirá esta idea dentro de la propuesta que presentará la próxima semana para endurecer la vigilancia presupuestaria en la Unión Europea (UE), reclamada con insistencia por países como Alemania para evitar la repetición de una crisis de deuda como la iniciada en Grecia.
Actualmente, la legislación europea fija en el 60% del Producto Interior Bruto (PIB) el nivel máximo de deuda pública en que pueden incurrir los gobiernos, pero este factor no es vinculante a la hora de abrir un procedimiento o sancionar a un país. Sin embargo, Bruselas desea aprovechar la concienciación sembrada a raíz de la crisis del euro para incluirlo como un elemento decisivo junto al nivel máximo de déficit, establecido en el 3% del PIB.
No implicaría sanciones
En este sentido, la deuda privada no sería un componente vinculante a la hora de sancionar, pero sí sería tenida en cuenta, según fuentes comunitarias, lo que afectaría negativamente a países como el Estado español, con un nivel de endeudamiento del sector privado (hogares y empresas) 61 puntos porcentuales superior a la media de la zona euro, según un informe publicado el viernes.
Los líderes europeos reunidos la semana pasada en Bruselas ya respaldaron la posibilidad de dar «un papel mucho más destacado a los niveles de deuda» en el proceso de vigilancia presupuestaria. Sin embargo, el planteamiento barajado hasta ahora por el grupo de trabajo liderado por el presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, excluye poner en marcha un procedimiento para la «deuda excesiva» y prefiere la opción de «iniciar el procedimiento de déficit excesivo más pronto para los países que no reduzcan la deuda con suficiente rapidez». Por otro lado, la propuesta que presentará el próximo miércoles el comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Olli Rehn, también abordará el endurecimiento de las sanciones para los países infractores.
Fuentes comunitarias explicaron que el planteamiento de la Comisión descarta castigos políticos como la retirada del derecho de voto a los países que violen la disciplina presupuestaria de forma recurrente.
Esta posibilidad es defendida por el Gobierno alemán, pero requeriría una reforma del Tratado de Lisboa, a la que se oponen numerosas delegaciones y que también es descartada por la Comisión Europea.
Bruselas prefiere que los castigos consistan en la suspensión de ciertas ayudas europeas a los países infractores reincidentes, una posibilidad ya contemplada en la reglamentación comunitaria, pero que Bruselas quiere ampliar para que no afecte sólo a los países que reciben fondos de cohesión (económicamente más atrasados).
La superación del nivel de deuda del 60% del PIB, límite marcado por el Pacto de Estabilidad, no supone la apertura de un expediente sancionador, pero Bruselas quiere vincularlo al procedimiento que se abre por un déficit superior al 3% del PIB.
La propuesta no supone sanciones por deuda excesiva, pero sí acelerar las sanciones por déficit para los países que no reduzcan su deuda, incluida la privada. Además, añadirá un endurecimiento de las multas.
La «comunicación» (informe no legislativo) de la Comisión Europea sobre la vigilancia de los presupuestos de cada Estado miembro, que será presentada el miércoles, desarrolla las ideas adelantadas el pasado 12 de mayo, en las que también se enunciaba la posibilidad de instaurar un «semestre europeo» dedicado a la sincronización de las políticas económicas, en el que la Comisión Europea examinaría las grandes líneas de los presupuestos nacionales antes de que fueran aprobados por los parlamentos.
El presidente de la comisión, Jose Manuel Durao Barroso, se comprometió la semana pasada a tener lista una propuesta legislativa en setiembre próximo, con el fin de que pueda ser aprobada antes de final de año por los Veintisiete y por la Eurocámara. El objetivo es que la Comisión Europea pueda examinar los primeros proyectos presupuestarios en la primavera de 2011.
Sin embargo, la cumbre celebrada en Bruselas dejó al descubierto que esta idea despierta el escepticismo de algunos países, en especial por parte de Gran Bretaña, lo que ha obligado al presidente permanente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, a desmentir que Bruselas pretenda invadir competencias de los parlamentos estatales.
Por otro lado, la Comisión Europea también precisará el miércoles sus propuestas para evaluar las divergencias de competitividad entre las distintas economías europeas, que se han acentuado durante la crisis, aunque volverá sobre ellas en setiembre. GARA
