Nos encontramos con una sentencia cuando menos ambigua, que «sirve» a los intereses tanto del PSOE como del PP. Los dirigentes del primero «cuantifican» el resultado final presentándolo como un fracaso del PP porque un porcentaje elevado del Estatut es constitucional, mientras que desde la derecha española se resalta lo «recortado» como una muestra del fracaso del Gobierno en Madrid. A ello se suman los discursos y titulares prefabricados de antemano desde el Estado español y sus medios de comunicación.

De todas formas, la sentencia estaba tocada de antemano por varios motivos. En primer lugar, la credibilidad del Tribunal Constitucional en la sociedad catalana era cero. Las pugnas políticas que se suceden en ese marco (recusaciones, manipulaciones, maniobras para modificar su composición...) hacía tiempo que habían desacreditado a dicha institución. En segundo lugar, la legalidad de la sentencia es más que discutible en el mundo del derecho constitucional. Y finalmente, está la propia legitimidad, ya que nos encontramos ante una confrontación entra la instancia jurídica y la voluntad popular.

Aunque algunos pretendan minimizar el recorte, éste ha sido muy importante, y en muchas cuestiones nos encontramos ante una situación peor que el anterior Estatut. Temas como el carácter preferente del catalán, la inmersión lingüística en los colegios, las competencias sobre cajas de ahorro, la imposibilidad de que los máximos órganos judiciales sean catalanes, o aspectos sobre financiación (los esfuerzos fiscales compartidos) han sido anulados.

Pero es que además, y aquí debería estar uno de los mayores problemas para los que todavía defienden la vía estatutaria, el TC ha señalado que otros muchos artículos están pendientes de revisión, y que su aplicación sólo podrá darse si se siguen sus interpretaciones (y no es difícil adivinarlas). En ese apartado se encuentran temas como los derechos históricos, la lengua y los símbolos, la nueva articulación territorial, el derecho civil catalán, la ley de consultas, las competencias sobre emigración, el blindaje de competencias exclusivas...

Finalmente, algunos dirigentes del PSOE han destacado el hecho de que la definición de «nación» se mantiene, eso sí, sin validez jurídica alguna. Y además, la sentencia ha incorporado en el texto, es decir alterando el propio texto, varias veces la «indivisibilidad de la nación española». Dejando claro que sólo existe una nación, la española y que los catalanes no pueden decidir nada de forma independiente, ya que el sujeto es el conjunto del estado español.

En este escenario nos vamos a encontrar con dos fases. Una respuesta a corto plazo de manera unitaria de las fuerzas sociales y políticas de Catalunya para el día 10 de julio - se está a la espera de ver si la respuesta institucional se suma a la misma o se convoca otra movilización-, y una incógnita a medio o largo plazo, marcada por las elecciones de otoño. Es probable que en esa coyuntura cada partido busque su propia estrategia y ello marcará las dinámicas políticas e institucionales.

Algunas fuentes soberanistas destacan la importancia que puede tener la iniciativa popular en el Parlament. Una vía que abre un proceso legal (se requieren unas 250-300.000 firmas para iniciarlo) que deberá retratar a los partidos ante la ciudadanía y que pondrá a Madrid en una situación en la que cualquier medida restrictiva a la voluntad popular e institucional de Catalunya provocará un choque de legitimidad aún mayor.

Las estrategias y reacciones de los partidos políticos son variadas. Desde el PSC, Montilla ha lanzado una crítica contundente al TC, pero después busca un pacto entre la Generalitat y el Gobierno central para intentar «puentear la sentencia» y pactar mecanismos diversos para parchear al menos lo recortado. Desde ERC se apuesta por lo contrario, resaltando la muerte del meollo estatutario y presentando un nuevo paradigma: a Catalunya no se le ha respetado el derecho a decidir, por tanto está en manos de la ciudadanía decidir la vía hacia la autodeterminación, hacia un nuevo futuro como nación independiente.

CiU está a caballo de los dos anteriores. Necesitado de unas elecciones para ocultar los asuntos de corrupción, con criticas mediáticas muy duras contra la sentencia, no ha ido más allá, y de momento apuesta por una fórmula similar al concierto económico, sin aclarar su postura en torno a un proceso soberanista. Tendrá que lidiar con sus dos caras tradicionales y el aumento de las presiones de sus bases, cada vez más decantadas hacia el soberanismo.

También es importante seguir el proceso dinamizador en torno a las fuerzas independentistas y soberanistas sin representación institucional. De momento el auge sociológico del independentismo es evidente (ha crecido del 15 % hasta el 40% en estos años), aunque no se traduce en una articulación política electoral, y, según vaya madurando la situación, las expectativas aumentarán.

En definitiva, es pronto para evaluar a fondo el recorte estatutario, pero lo que no deja lugar a duda es que la llamada vía estatutaria está finiquitada en el Estado español, y que cualquier reforma es más de lo mismo. Nadie se puede creer ya que esa sea la solución a las demandas soberanistas, ni los federalistas ni los autonomistas.

Mientras la desafección hacia España es cada día más grande entre la sociedad catalana, probablemente las cúpulas e CiU y PSC intentarán frenar todo esto y podrían estar pactando administrar el fallo sin ruptura alguna. No hay que olvidar que fueron ellos los que ya pactaron en su día lo que ahora se ha cargado el TC, a pesar de que entonces lo vendieron como un paso constitucional el proyecto del nuevo estatut.

El nuevo panorama requiere mucha prudencia. Habrá que ver hasta qué punto el país asume un estatut recortado, y sobre todo ver la reacción de amplios sectores de CiU, del independentismo parlamentario y extra-parlamentario, de esa parte federalista del PSC que se ha llevado un gran batacazo con la sentencia (la fórmula federalista también se ha enterrado aquí) que ya dan por muerta esa vía estatutaria, que en el estado español está en claro proceso de desmantelamiento.

Pero que nadie espere un proceso a corto plazo. El camino a recorrer será aún largo para el pueblo catalán, pero éste ya ha comenzado a andar y sus pasos se aleja, definitivamente del llamado Estado español.