Con 117 votos a favor y 17 en contra, de los diputados del PP y del grupo mixto, ayer se aprobó una ley histórica y polémica, que llegó al Parlament precedida por las protestas del sector e incluso una huelga el pasado mes de febrero de los exhibidores y distribuidores. Del escaso dos por ciento de películas subtituladas o dobladas al catalán que se contabilizó en 2008, a partir del 1 de enero de 2011 se pasará a un cincuenta por cien, en una implantación progresiva que intentará llegar a la cifra fijada para 2018.

En su comparecencia, el conseller de Cultura y Medios de Comunicación, Joan Manuel Tresserras, defendió que con la nueva legislación se pretende apoyar a la industria del cine, mejorar la oferta del sector y garantizar la diversidad lingüística. En este sentido, aseveró que «viene a corregir una anomalía democrática», e incidió en que no va contra nadie. Se trata de una ley «posible, oportuna, absolutamente necesaria», que tiene en cuenta el Estatuto catalán y que se ha elaborado en cumplimiento de los acuerdos del gobierno de coalición. Tresserras cree que el catalán es una lengua homologable a cualquier otra de ámbito europeo y sostuvo que «no es aceptable que se diga que no hay mercado, porque lo que no ha habido es la oportunidad de tenerlo». En cuanto a las reticencias que ha provocado entre una parte del sector y de las grandes productoras de Hollywood, el conseller reiteró que «los intereses del sector deben ser conciliables y no pueden ir nunca en contra del interés general».

El grupo de CiU, a pesar de votar a favor, cargó contra el conseller al entender que ha actuado de forma «sectaria y nada generosa» y consideró que han quedado al margen del debate productores y exhibidores. Sin embargo, el diputado Jordi Cuminal señaló que su grupo iba a apoyar el texto, porque «ahora más que nunca toca defender la lengua» y porque «aunque podría ser mejor», están convencidos de que «será una buena ley para el país».

El diputado del PP Rafael López pidió que, por «prudencia», el debate se pospusiera hasta que no se conozca en profundidad la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut y consideró que con la entrada en vigor del texto «se niegan las libertades lingüísticas», a la vez que se penalizan con 75.000 euros los incumplimientos. «Por maltrato de animales se ponen multas de 30.000 euros, con lo que en su imaginario -dijo dirigiéndose a los miembros del tripartito- no ser patriota sale más caro que maltratar animales». El presidente de Ciutadans, Albert Rivera, también cree que es «la crónica de una muerte anunciada del cine».