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El dictador argentino Jorge Rafael Videla, de nuevo en el banquillo

Tal y como tuvo que hacer en 1985, el dictador argentino Jorge Rafael Videla (1976-1981) volvió ayer a sentarse en el banquillo de los acusados en un juicio por su papel en la muerte de opositores políticos. El nuevo proceso contra los represores tiene lugar en la ciudad de Córdoba y se refiere a la tortura y muerte de 32 presos políticos. Junto a Videla, comparecen ante la Justicia una treintena de militares golpistas argentinos.

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El juicio contra el dictador argentino Jorge Rafael Videla (1976-1981) comenzó ayer en la ciudad de Córdoba, donde compareció de nuevo ante la Justicia acusado de homicidio y tortura por la muerte de 32 presos políticos. Junto a él, comparecieron también el ex jefe del Tercer Cuerpo del Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, y otra treintena de militares de la época.

El juicio tiene como como objeto esclarecer la muerte de al menos 32 presos políticos que fueron arrestados antes del golpe de Estado de 1974 y que fallecieron fusilados entre abril y octubre de 1976 en la Unidad Penitenciaria San Martín, conocida como UP1, de acuerdo a la «Ley de Fugas».

Por estos hechos, Videla, considerado el principal responsable de estas muertes, Menéndez -uno de los grandes represores del régimen militar argentino- y otros 23 militares están acusados de los delitos de homicidio calificado, tormentos agravados y tormentos seguidos de muerte.

Además de esta causa, estos días se somete a juicio en Córdoba la muerte de seis opositores en el Departamento de Informaciones Policiales, conocido popularmente como D2. Por estas muertes Menéndez, como principal responsable, y otros seis uniformados que trabajaban a sus órdenes en este centro están imputados por privación ilegítima de libertad e imposición de tormentos agravados.

Esta es la segunda vez que Videla se sienta en el banquillo de los acusados desde 1985, cuando fue condenado a 25 años de prisión en el histórico juicio de las Juntas Militares, aunque un lustro después recibió el indulto de manos del ex presidente argentino Carlos Menem (1989-1999).

En este contexto, el secretario de Derechos Humanos de Argentina, Eduardo Luis Duhalde, consideró que la celebración del juicio es «un paso muy grande en el proceso de verdad, memoria y justicia» que afronta el país sudamericano.

El funcionario explicó que la importancia de este proceso reside en la identidad de los acusados, a quienes se refirió como «los responsables del periodo más cruel de la historia argentina, los autores del genocidio argentino».

Interrogado acerca de la duración de este juicio, Duhalde indicó en declaraciones a Canal 7 que «no va a ser breve», debido al gran número de testigos que ha presentado la acusación y a la expectación que ha suscitado en la población.

Distintos organismos internacionales de derechos humanos cifran en unas 30.000 las personas que fueron secuestradas, torturadas y matadas durante la última dictadura militar argentina, aunque una comisión independiente confirmó únicamente alrededor de 11.000 casos.

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El tribunal pidió a los familiares de los acusados que no mostraran banderas argentinas en la sala y a los allegados de las víctimas que tapasen las fotografías que tenían impresas en las camisetas.

Confirman la sentencia a seis represores uruguayos

Un tribunal de apelaciones de Uruguay confirmó ayer la sentencia a penas de entre 20 y 25 años de prisión a seis represores por 28 delitos de homicidio perpetrados bajo la dictadura que gobernó el país entre 1973 y 1985.

Esta confirmación, emitida por el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de Segundo Turno, ratifica las penas impuestas en 2009 a los militares Jorge Silveira, Ernesto Ramas, Gilberto Vázquez y Luis Maurente, así como a los policías Ricardo Medina y José Sande.

Así, el tribunal señaló a los condenados como responsables de 28 homicidios especialmente agravados, cometidos en el marco del Plan Cóndor de cooperación entre diversas dictaduras latinoamericanas para eliminar a los disidentes políticos.

Precisamente, cuatro de los condenados por estos crímenes, Jorge Silveira, Gilberto Vázquez, Ernesto Ramas y Ricardo Medina, que en la actualidad cumplen condenas en penales uruguayos, serán extraditados a Argentina para dilucidar su actuación en el tristemente célebre centro de detención ilegal Automotores Orletti.

En Argentina serán juzgados por la detención ilegal y la tortura de 65 personas, su traslado clandestino a Uruguay y la muerte de cinco de ellas durante el periodo dictatorial. GARA

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