«Denunciaremos cualquier intento del nuevo Gobierno y su consejero de Interior de traer a Euskadi modelos policiales españoles, que no encuentran referencia en los países europeos con democracias más consolidadas, y que tanta frustración, sospecha y rechazo han generado durante años en el conjunto de la sociedad vasca», es una de las denuncias que recoge la central abertzale ELA en su boletín sindical en la Ertzaintza. Pero critican aún más la no-acción del consejero Rodolfo Ares ante las denuncias de tortura y malos tratos habidos tras la redada policial de Ondarroa en enero. Exigen transparencia y compromiso para investigarlas.

Después de que Interior de Lakua rechazara las denuncias de tortura y malos tratos de los detenidos en enero y se querellase contra el abogado Alfontso Zenon por informar de ellas, estas semanas se ha sabido, en respuesta al Juzgado de Durango que investiga las denuncias, que Interior no tiene vídeo alguno sobre el interrogatorio policial a una de las detenidas. Ni qué decir sobre todo el periodo de detención de los arrestados. Y ahora, después de que incluso el Ararteko acusara a Interior de no colaborar para esclarecer las denuncias de tortura, la sección sindical de ELA en la Policía autonómica también carga contra Ares por eso mismo, por su falta de voluntad política para investigar y esclarecer las denuncias.

Revisión de los protocolos

Desde ELA-Ertzaintza critican que la línea política de Ares en Interior esconde, «tras su amplia cobertura mediática, posiciones partidarias e instrumentales» que aboga por extrapolar «esquemas estatales de un más que dudoso componente democrático» que, finalmente, «atacan la legitimidad de la Ertzaintza frente a la propia sociedad».

Tras las denuncias de torturas de Ondarroa, ELA recuerda el posicionamiento de 2003 de los distintos sindicatos de la Policía autonómica donde reivindicaban el respeto de los derechos humanos y la transparencia. Además de reiterarse en ello, muestra su preocupación por «la no reacción que ha generado esta denuncia en la judicatura y en los responsables políticos», y recuerda que los ciudadanos que denuncias torturas y malos tratos «merecen ser considerados como tales, merecen respeto y atención. Merecen que su denuncia se investigue». «La Ertzaintza tiene todo por ganar, y nada que perder, si las demandas de transparencia e investigación hallan eco en los responsables políticos y el poder judicial», señalan, además de abogar por una revisión permanente de los protocolos contra la tortura para una mejora continua.