El Gobierno islamista turco se prepara ya para un importante test electoral sobre su controvertido proyecto de revisión de la Constitución, cuyo bloque central será sometido a referéndum el 12 de setiembre pese a los retoques impuestos por el Tribunal Constitucional.

La suprema Corte, copada por la oposición kemalista, anunció a última hora del miércoles enmiendas parciales relativas a tres reformas a la ley fundamental que defiende el Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP), en el poder.

Los jueces anularon las enmiendas concernientes a las nominaciones de los miembros del Tribunal Constitucional y del Consejo Superior de la Magistratura (HSYK por sus siglas en turco), instancia que nombra a los jueces y fiscales.

El Gobierno pretendía modificar la composición de ambas cortes para permitir la elección de algunos de sus miembros por el Parlamento. Actualmente son elegidos por la propia casta judicial, copada por kemalistas.

El Ejecutivo de Recep Tayip Erdogan acusó a los jueces del Constitucional de poner en cuestión la autoridad del Parlamento al pronunciarse sobre el fondo del asunto, cuando sus competencias deberían limitarse a la forma.

No obstante, el AKP tenía problemas para ocultar su moderada satisfacción por la sentencia.

Y es que, al limitarse a una «intervención quirúrgica» y «corporativa», como la ha presentado la prensa turca, el Constitucional descarta la hipótesis de un adelanto electoral, con el que el AKP había amenazado en caso de que su paquete de reformas fuese rechazado o invalidado de forma más contundente. «El peligro de una crisis política ha sido conjurado(...) aunque todas las partes estén insatisfechas con la decisión», señala el diario «Aksam». Según el periódico «Radikal», «estamos ante una fórmula intermedia que no atizará las tensiones» entre los partidarios del Gobierno y los sectores kemalistas opositores.

El ministro de Justicia, Sadullah Ergin, reivindicó que «las enmiendas sometidas a referéndum constituyen una revisión importante de la Constitución, aunque párrafos enteros hayan sido secuestrados».

En sus grandes líneas, este proyecto de reforma busca reducir el poder de las jerarquías judicial y militar, reductos y poderes fácticos en Turquía.

Los cambios previstos en el proyecto dificultan sobremanera la posibilidad de prohibir partidos políticos, una práctica habitual del kemalismo tanto contra el islamismo político -los antecesores del AKP fueron ilegalizados varias veces- como el movimiento kurdo.

Si son aprobados en referéndum, el Ejército, que ha protagonizado cuatro golpes de Estado desde 1960 -precisamente la Constitución en vigor y a enmendar es heredera de la asonada de 1980-, podrá ser sometido a la jurisdicción civil. Además de limitar la jurisdicción militar y permitir a los tribunales civiles juzgar a los militares en «tiempos de paz», la reforma constitucional promueve que el jefe del Ejército y sus cuatro adjuntos puedan ser juzgados en ciertos casos por el Tribunal Supremo turco.

En la misma línea, autoriza la remisión a la justicia de los autores del golpe de Estado de 1980, reconoce a los funcionarios el derecho a la negociación colectiva -que no a la huelga- y mejora los derechos de mujeres y menores, en la línea exigida por la Unión Europea.

Promotor del recurso ante el Constitucional, el kemalista y opositor CHP, mostró su insatisfacción y llamó a la población a votar «no» en el referéndum.