El presidente de la Diputación y del PP alicantino, José Joaquín Ripoll, quedó ayer en libertad tras declarar ante el juez de Orihuela que investiga la adjudicación del plan de residuos de la comarca de la Vega Baja, aunque él mismo informó a los medios de que está «imputado formalmente» por los delitos de cohecho y tráfico de influencias.

Ripoll, que fue el último de los seis interrogados ayer, salió a pie de las dependencias judiciales y seguidamente compareció ante la prensa.

Los empresarios Enrique Ortiz, José Francisco León, José Candel y Luis Bracho fueron también imputados por varios delitos, pero quedaron en libertad sin fianza. El juez sí impuso una fianza de 100.000 euros al también empresario Rafael Gregori, por cohecho, tráfico de influencias y fraude.