Madrid aprueba la reforma que abre las puertas de las cajas a los bancos
El Gobierno español aprobó ayer la reforma de la Ley de Órganos Rectores de Cajas de Ahorros que abre la puerta a la privatización de estas entidades y a la entrada de los bancos en las mismas. La nueva normativa permite a las cajas emitir cuotas participativas -similares a las acciones- con derechos políticos hasta un 50% de su patrimonio. Limita la presencia de cargos electos y el control público de las cajas.
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Con el argumento de que de esta forma se facilita su financiación y se profesionaliza su gestión, la nueva normativa modifica el régimen jurídico de las cajas para transformarlas en entidades privadas y dejarlas en manos de los bancos. La vicepresidenta primera del Ejecutivo, María Teresa Fernández de la Vega, aseguró que la reforma «fortalecerá el sistema financiero español» .
La ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, especificó que cada caja podrá elegir si las citadas cuotas participativas que se emitan -y que pueden alcanzar hasta la mitad del patrimonio- cuentan o no con derechos políticos. No obstante, indicó que conseguir capital -que se hará a través de este instrumento- hará a estas entidades «más atractivas» para los mercados.
Menos control público
El texto también limita la presencia de cargos electos en el Consejo de Administración. Por ejemplo, los alcaldes de Bilbo, Iñaki Azkuna, o Gasteiz, Patxi Lazcoz, no podrán participar en los consejos de administración de BBK y Vital. Pero, de hecho, no implica la pretendida despolitización, ya que representantes políticos no electos sí pueden dirigir las cajas.
Lo que sí hace el decreto es limitar el control público de las mismas, ya que establece que las administraciones públicas, entidades y corporaciones de derecho público en dichos órganos de gobierno no podrán superar el 40% de los derechos de voto. Además, según dijo Salgado, se impone un límite de tres años para que estos cargos políticos electos y representantes de las administraciones públicas salgan de los órganos de gobierno de las cajas, en tanto que a partir de ahora son los Parlamentos autonómicos y no los Gobiernos autonómicos quienes decidirán la representación de las comunidades autónomas en estas entidades.
Asimismo, el 50% de los miembros del consejo de administración tendrá que tener cualificación y experiencia en el sector financiero.
La reforma establece nuevos modelos de negocio para las cajas, que podrán mantener su naturaleza como hasta ahora, aunque con la posibilidad de emitir cuotas participativas y adaptando sus estatutos a la modificación de gobierno corporativo. Además, podrán ceder todo su negocio financiero a un banco mientras conservan la obra social y la cartera industrial.
Estas entidades también tendrán la posibilidad de transformarse en una fundación cediendo todo su negocio a un banco en el que participen. Por otro lado, las cajas que se integren bajo un Sistema Institucional de Protección (SIP), las llamadas «fusiones frías», como la que ha protagonizado Caja Navarra a través de Banca Cívica, tendrán una entidad central con naturaleza de sociedad anónima, que será un banco, y que estará participada al menos en un 50% de las cajas.
Si ese límite se incumple, las cajas del SIP deberán transformarse en fundaciones con cesión de su actividad financiera al banco central del SIP.
Para tomar cualquier decisión en el cambio de modelo, Salgado indicó que tendrá que contar con el visto bueno de dos tercios del consejo de administración de la entidad. La ministra destacó que pese a la reforma, «nuestro sistema financiero ha soportado razonablemente bien la crisis», aunque reconoció que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) ha destinado 11.200 millones de euros a la reestructuración.
Por último, el texto establece que el Banco de España podrá aplicar los nuevos requerimiento de solvencia que establecerá Basilea III, dependiendo del modelo de negocio de cada caja.
Del contenido de la ley da buen reflejo la opinión del PP, con quien el Ejecutivo español no ha tenido problemas en ponerse de acuerdo rápidamente. «Coincide con lo que pensamos», afirmó. Por el contrario, LAB denunció que el Gobierno español, tras «ayudar» con miles de millones del presupuesto público a las entidades financieras para que saneen sus cuentas, abre ahora las cajas a la privatización, «dejándolas en manos del mercado financiero global» y poniendo en peligro su modelo social. Añadió que la reforma no responde a las necesidades del sector en Euskal Herria y subrayó que las cajas vascas pueden ayudar a salir de la crisis si se refuerza el control público y el aspecto social de su gestión, mientras que la reforma permite que la banca privada, responsable de la crisis, las conviertan «en tentáculos especulativos».
La organización de consumidores FACUA también denunció que, con la reforma, la inyección de dinero público de 14.000 millones de euros destinada a sanear las cajas supone «un regalo para el sector privado que pagamos todos». La Confederación de Sindicatos Independientes de las Cajas de Ahorros aseguró que no ve «ni rastro de la despolitización ni la profesionalización ni la modernización» de las cajas. En cambio, la CECA, patronal de las cajas, dijo que la reforma fortalece y asegura su futuro, preservando el «estatus y funciones» desempeñadas a lo largo de su historia. El presidente del BBB, Andoni Ortuzar, sin posicionarse sobre el fondo de la reforma, opinó que el problema de las cajas no ha estado en el marco legal que las regula, sino en los modelos de gestión. GARA
La asamblea extraordinaria de Caja Vital elegirá el 29 de julio un nuevo vocal en el Consejo de Administración que sustituya a Gregorio Rojo, que dimitió la pasada semana como presidente de la Vital tras una sentencia de la Audiencia de Araba.
