La presunta trama de corrupción en la que varios miembros del PNV en Araba aparecen implicados ha destapado otra trama, en este caso de espionaje. Dentro de la investigación por cohecho, blanqueo de capitales y tráfico de influencias que el juez Roberto Ramos está desarrollando en Araba se ha descubierto que Aitor Telleria, miembro del ABB del PNV hasta que a raíz de ser encausado dimitiera, tenía en su poder información «sensible» sobre varios políticos y empresarios alaveses que procedía de algún tipo de «banco de datos» que tiene la Ertzaintza. Dos ertzainas han prestado declaración en un nuevo sumario por este tema. Se desvelaba así la existencia de ese tipo de ficheros como parte de la labor de ese cuerpo policial, además de un uso indebido de esa información y cierto nivel de descontrol sobre la misma. Habrá quien se rasgue las vestiduras porque esa información esté en manos de alguien ajeno a la Ertzaintza. Sin embargo, la verdadera razón de preocupación debería ser, antes de nada, que la Policía tenga esta clase de ficheros. El juez deberá investigar cómo y por qué dos ertzainas concretos hicieron una utilización ilegítima de esa información. Los responsables políticos deberían informar a la sociedad sobre cómo se realizan esos «bancos de datos» y cuál es su finalidad. Los responsables actuales y pasados, claro está.