La ex candidata presidencial colombiana Ingrid Betancourt y su familia exigieron al Gobierno el pago de 5,4 millones de euros por los perjuicios derivados de su secuestro por las FARC. Betancourt responsabiliza a Bogotá de su captura por los supuestos errores cometidos por el Ejercito en las tareas de protección mientras se internaba en la selva.