La figura de los fiscales resulta cada vez más obscura. ¿Qué papel es el suyo en el ejercicio de la justicia? Evidentemente su función es la acusatoria. Pero ¿en nombre de quién acusan los fiscales? ¿En nombre del Estado, en el de la Corona, en nombre del pueblo? Parece que lo moralmente ideal es que la acusación se haga en nombre del pueblo, ya que se trata de una de las actuaciones básicas de la soberanía. Condenar o absolver de un delito es materia demasiado grave para que no intervenga en ella la ciudadanía. En cualquier caso lo que parece claro es que el ministerio fiscal no puede estar en manos de los gobiernos y menos en una época políticamente degradada. El espectáculo actual de la fiscalía española justifica todo lo que se diga en contra de esta dependencia. Anteriormente los «populares» habían utilizado también a los fiscales como un garrote. La imagen que dan estos funcionarios recuerda al cuadro de Goya en que dos jayanes se baten con sendas estacas con las piernas presas por la tierra. El pueblo aparece como un simple espectador de estos escandalosos procederes. El oficio fiscal debiera depurarse con urgencia entregando su control a la ciudadanía mediante las correspondientes elecciones. Dicen algunos pretendidos expertos que esto introduciría lo ideológico en la actuación fiscal, pero aun corriendo ese riesgo siempre será mejor la presión de la ideología ciudadana que el manejo fraudulento por parte de los gobiernos. Ante los tribunales hay dos instituciones esenciales, al menos en el orden penal: el jurado popular, que ahora es un bodrio, y el ministerio fiscal. Hay que vigilar democráticamente la legalidad.