La sentencia del Tribunal Constitucional español sobre el Estatut de Catalunya ha supuesto, entre otras muchas cosas, el fin de un discurso político que durante más de tres décadas ha servido para apuntalar el statu quo, tanto a nivel del Estado español como en Catalunya y en Euskal Herria. Ese discurso defendía el estado de las autonomías como la fase inicial de un federalismo, al que en su momento fundacional era imposible llamar por su nombre debido a la coerción de las estructuras franquistas, pero que si la sociedad o, mejor dicho, las sociedades que formaron parte de los acuerdos en los que se formuló ese modelo territorial avanzaban en esa dirección llegaría a desarrollarse y a consolidarse democráticamente. Lo mismo cabe decir sobre los términos «aconfesional» como supuestos sinónimos de «laico» y «monarquía parlamentaria» de «república». En realidad, en relación a la cuestión nacional, los franquistas y los jacobinos que comparten las estructuras de poder en Madrid tras la muerte de Franco pensaban que, con un sistema engrasado de prebendas a las élites regionales que firmaron aquellos pactos y con un proceso de asimilación clásico al estilo francés, ese escenario nunca llegaría. Y que, de llegar, habían establecido suficientes mecanismos institucionales y estructurales como para detenerlo o limitarlo al máximo.

Sólo una pequeña parte de la izquierda del Estado español, una minoría significativa en Catalunya y una parte importante de la sociedad vasca denunciaron desde un principio que nada en aquel proceso garantizaba que eso fuese a ser así, que la democracia no es sólo un sistema formal de leyes -el tan cacareado «estado de derecho»- y que sin una ruptura real con el franquismo y el desarrollo de una cultura política verdaderamente democrática las potencialidades estatutarias con las que se sedujo a una parte muy importante de las sociedades vasca y catalana no llegarían nunca a desarrollarse. En definitiva, que mientras no se asumiese explícitamente la plurinacionalidad del Estado español, el valor de las culturas que no son la española y el derecho de esas naciones y sus ciudadanos a decidir su futuro libremente, nada cabía esperar del Estado español. Nada, excepto una conculcación sistemática de derechos, tanto colectivos como individuales. Los más de treinta años que han transcurrido desde los Pactos de la Moncloa han demostrado, año tras año, que ese diagnóstico era correcto. A pesar de ello, los intereses de la clase política han mantenido ese discurso vigente y con cierta centralidad. Hasta hace diez años como mucho en Euskal Herria y hasta estos últimos tiempos en Catalunya.

El fracaso del proceso de asimilación

La labor de denuncia de esos sectores críticos y la memoria de la lucha por las libertades instalada en esas naciones desde el franquismo, junto con una sistemática tendencia de los poderes del Estado a humillar a esos pueblos haciéndoles recordar su condición de subalternos, han hecho posible que, si bien de manera distinta en cada lugar, ese proceso de asimilación fracasase. Las sociedades catalana y vasca han ido desarrollando una conciencia nacional y social diferenciada de la española, en una tendencia absolutamente inversa. A mayor involución en el Estado le ha seguido un mayor desarrollo de la cultura democrática y soberanista en ambas naciones. En ese sentido, la negación de derechos por parte del Estado se ha hecho cada vez más explícita, evidente y estructural.

Pero el Tribunal Constitucional ha ido más allá de la negación de derechos y ha entrado de lleno en la negación de la realidad. Lo cual hace imposible, incluso para algunos de los muñidores de aquellos pactos -como Miquel Roca o Jordi Pujol- mantener un discurso que ya no podía pasar por inocente sin ser tachado de fariseo.

La masiva movilización de ayer en Barcelona debería hacer reflexionar no sólo a los partidos políticos estatales, sino también al resto de estructuras del Estado, de las que el TC es parte. Han llevado a la sociedad catalana a un punto de no retorno y basta que los independentistas sean capaces de diseñar un proyecto estratégico claro y atractivo y de articular un movimiento político adecuado a esa apuesta para que lo que hasta ahora llamaban Itaca atraque definitivamente en las costas del Mediterráneo, tome posiciones en los Pirineos y se haga fuerte en el interior.

En Euskal Herria quienes deberían tomar nota de la manifestación desarrollada ayer en Donostia son los partidos que siguen instalados en una fase política pasada. En este caso sorprende, además, que algunos dirigentes políticos abertzales sigan reivindicando los acuerdos adoptados en el pasado con el Estado. ¿Acaso no se han enterado de que no le deben nada, que no han cumplido su palabra, que su pueblo no les pide competencias sino derechos?

Tanto en Catalunya como en Euskal Herria crece el soberanismo, el apoyo al derecho a decidir. Pero también está cada vez más claro que la decisión correcta es buscar estados independientes que garanticen el desarrollo de sus culturas y el bienestar de sus ciudadanos. Ahí reside la verdadera potencialidad de este momento político.