No cabe duda de que Nicolas Sarkozy no es una persona con una gran sensibilidad social. Pero los últimos sucesos están demostrando además su negligencia para tratar con uno de los más graves problemas estructurales que tiene el Estado francés: las grandes bolsas de marginalidad generadas por un sistema político y social que asume la desigualdad como algo endémico. Una realidad que el Estado francés intenta esconder en la periferia de sus ciudades y que, cuando aparece, intenta acallar con amenazas, golpes o incluso tiros. Una exclusión que, además, tiene un fuerte componente racista, en tanto en cuanto afecta a las etnias más desfavorecidas dentro del Hexágono, como son los magrebíes y los gitanos.

Los sucesos de Grenoble y Saint-Aignan del pasado fin de semana, en los que a raíz de la muerte de sendos jóvenes por disparos de la Policía se ha desatado una fuerte violencia en sus banlieues, han mostrado que ese fenómeno no remite. Es también significativo que, al igual que ocurrió con las primeras revueltas en París, hayan sido dos casos de violencia policial los que han ejercido como detonantes de esa realidad.

La posición del Estado francés, que en esta ocasión ha enviado al Ejército para controlar esas revueltas, muestra la peor de las aproximaciones posibles a un conflicto que tiene profundas raíces políticas y sociales. El Ejecutivo de Sarkozy pretende enfrentarse a él como si se tratase de un asunto que conjuga elementos de criminalidad organizada con espontáneos e irracionales ataques de ira antisocial. Nada más lejos de la realidad. La exclusión que padecen los vecinos de esos barrios, que conforman un porcentaje importante de los habitantes del Estado, es consecuencia directa de las políticas diseñadas por los sucesivos gobiernos franceses. La única manera de cambiar esa realidad es revertir esas políticas, no ahondar en ellas. Militarizar esos conflictos puede dar lugar a otros mucho peores.