Tal y como se había avanzado, las pruebas de resistencia a las entidades financieras europeas han arrojado un resultado negativo para un grupo de cajas de ahorro que operan en el Estado español. Esto significa que en un hipotético escenario de crisis pronunciada en el que la economía empeore gravemente, su solvencia sería insuficiente y necesitarían más capital del que pueden disponer. La lista de suspensos contiene entidades que han sido noticia en Euskal Herria como consecuencia de diversos procesos de fusión en los que de alguna manera han estado involucradas cajas vascas. Es el caso de la intervenida Caja Sur, recientemente adquirida por la BBK, y que necesitaría una inyección de 208 millones de euros. También está en este pelotón Banca Cívica, en la que se integran Caja Navarra, Caja Burgos y Caja Canarias, que precisaría de una cantidad aún mayor, 450 millones de euros.

Una primera lectura de estos resultados arroja, por un lado, la sensación tranquilizadora de que, en general, las cajas de ahorros vascas gozan de buena salud. Sin embargo, también desvela que los afanes expansivos de BBK (que junto a Kutxa obtiene una de las mejores notas del Estado y Europa) y Caja Navarra en el Estado español se han dirigido por derroteros obsesivos y apresurados hacia escenarios más que dudosos que ahora quedan al descubierto, y que empañan seriamente el trabajo hecho hasta la fecha en Euskal Herria.

Y precisamente ayer era noticia la decisión de Banca Cívica de inaugurar la vía de escape puesta a disposición de las cajas de ahorros por parte del Gobierno español, para que éstas caminen hacia su paulatina conversión en bancos tradicionales. Con la captación de capital privado exterior, estas entidades dejarán de ser públicas y se lanzarán sin ambages a la búsqueda de beneficios que satisfagan a sus nuevos inversores, en detrimento de la obra social y en perjuicio de los trabajadores y las clases económicas menos favorecidas.