L a última resolución de la Corte Internacional de La Haya en relación a la independencia de Kosovo ha caído como un jarro de agua fría sobre los más exaltados nacionalistas españoles. Es muy natural.

Y, sin embargo, hay quien ha reaccionado con rapidez para tratar de salvar los trastos de lo que pudiera parecer el adelanto de un naufragio.

El editorialista de «Abc», por ejemplo, aparentaba fair play ante la sentencia: «Al sancionar la legalidad de la proclamación de independencia de Kosovo, el tribunal de la ONU resuelve lo que los países miembros no habían logrado dilucidar políticamente ni a través de las negociaciones. Las dudas jurídicas que pudieran haber suscitado ciertos aspectos del proceso podrán subsistir aun cuando sean ya intrascendentes, puesto que los jueces han optado por dar cuerpo legal a una situación de hecho que ninguna circunstancia previsible podría cambiar: Kosovo existe como país separado de Serbia». Todo un aparente baño de realismo. Pero tiene truco, ya lo verán.

El editorialista calma las conciencias de sus angustiados lectores con una matización: «Los jueces han sido muy cuidadosos, no obstante, para dejar bien claro que su decisión se refiere exclusivamente al caso de Kosovo y solamente a la discusión de si fue o no contraria al Derecho Internacional la acción del Parlamento kosovar de proclamar unilateralmente su independencia. El tribunal afirma claramente que su sentencia no puede interpretarse como el reconocimiento a ningún derecho a la secesión». O sea, que no hay que preocuparse... por el momento.

Para el final deja la viva recomendación a los gobernantes hispanos: «España, que se ha mantenido a contracorriente de la política de los principales países de la UE y Estados Unidos, debe abandonar su actitud pasiva y asumir la realidad, ejerciendo el papel que le corresponde. Cuando una diplomacia no puede evitar que se produzca una circunstancia, debe trabajar para ajustarla al máximo a sus intereses, en lugar de abandonarse a la corriente». Por resumir, que lo que prima ahora es evitar que la Corte de La Haya tenga que decidir algún día sobre situaciones similares en Euskal Herria o Catalunya.