La viceconsejera de Política Lingüística, Lurdes Auzmendi, dijo ayer que el Gobierno de Lakua mantendrá el decreto que apoya la implantación del euskera en los comercios y las empresas, pero que lo hará sin sanciones. Lo que, a fin de cuentas, mantiene la conculcación de los derechos lingüísticos de los euskaldunes y relega en la voluntad de comerciantes y empresarios la comunicación en euskara.

Cabe recoerdar que el decreto sobre los derechos lingüísticos de las personas consumidoras entró en vigor hace dos años. Los comercios y las empresas tenían hasta el 17 de julio para adaptarse a las necesidades lingüísticas de los consumidores, como la obligatoriedad de atender al público y rotular en las dos lenguas oficiales de la CAV. Auzmendi, sin embargo, aclaró que modificarán el decreto que regula el uso del euskera y también el Estatuto de los Consumidores y Usuarios en el capítulo que hace referencia a las sanciones en caso de que no se respeten los derechos lingüísticos.

Según la viceconsejera, el Ejecutivo sigue impulsando el uso del euskera, pero cree que la mejor forma de promover su uso es la promoción de la lengua, y no las imposiciones, ya que en tiempos de crisis «no estamos en la mejor coyuntura para aplicar sanciones».

El programa «Lan Hitz»

La viceconsejera afirmó que se ha tenido que incrementar en 200.000 euros la partida inicial de 2.200.000 euros destinada a las ayudas para implantar planes de uso del euskera, porque en el programa Lan Hitz han participado 170 comercios y empresas. Esas ayudas económicas regulan un seguimiento para que se destinen a la adaptación lingüística.