El Parlamento catalán decidirá hoy mediante una votación el futuro de las corridas de toros en Catalunya. Pero, en contra de lo que se puede pensar, no sería el primer territorio del Estado español en prohibir la famosa «fiesta nacional», Canarias ya decidió poner fin a los espectáculos taurinos en 1991. La Ley canaria de Protección de Animales fue la primera del Estado español en prohibir los espectáculos sangrientos con animales, incluidas las corridas.

Fuentes de CiU creen que hay margen de ventaja para que prospere la proposición de la ILP, incluso en el caso hipotético de que el grupo de PSC-CpC, que ha dado libertad de voto a sus diputados, votase en bloque contra la prohibición. Pero sigue siendo una incógnita cuál será la actuación de una decena de diputados del grupo socialista, ya que, hasta ahora, no han revelado cuál será su voto. Por otra parte, según recogió Efe, entre ocho y diez diputados de CiU «son protaurinos», pero gran parte del grupo se inclinará por finiquitar las corridas.

En el otro gran grupo de la Cámara, el del PSC-CpC, que cuenta con 37 diputados, la impresión es que el resultado de la votación no será muy diferente a la de diciembre, cuando 67 diputados apoyaron la ILP, 59 votaron en contra, cinco se abstubieron y cuatro no participaron en la votación.

Los medios de comunicación conservadores hacen una lectura en la posible prohibición de un «deseo de venganza» de los políticos catalanes, después de que el Tribunal Constitucional recortase el Estatut. Se ha convertido en una «cuestión política» en una región donde «la idea es prohibir todo lo que es español», titulaba por su parte el diario «El Mundo».

La Iniciativa Legislativa Popular fue promovida por la plataforma «Prou!» (¡Basta!), que el pasado año recogió más de 180.000 firmas para exigir la revisión de una ley que prohíbe el maltrato de los animales en actos públicos, a excepción de las corridas de toros.

Pero la movilización no sólo se limita al Estado español, ya que también existen voces procedentes de organizaciones defensoras de los derechos de los animales que reclaman la prohibición de esta práctica «cruel y obsoleta». La Sociedad Mundial para la Protección de los Animales (WSPA), por ejemplo, presentó el lunes en el Parlamento catalán 140.000 firmas en apoyo a la solicitud de prohibición.

La votación se produce en un contexto nada halagüeño para el sector, que aunque genera unos 40.000 puestos de trabajo y varios miles de millones de euros de ingresos cada año, desde 2009 ha ido sufriendo los efectos negativos de la crisis económica.

Protaurinos

Varias comunidades, incluida la de Madrid, han anunciado, por contra, su intención de declarar las corridas de toros como «patrimonio cultural». Y, a su vez, los defensores franceses de la tauromaquia, desde el país vecino, donde la tradición se mantiene viva, también opinan al respecto. El torero francés Jean Baptiste Jalabert, afirmaba ayer en el diario «La Razón» que «debemos defender la libertad de elección y la pasión cultural franco-española, que nadie tiene derecho a prohibir».

Pero entre los catalanes también se oyen voces a favor de la tauromaquia. El escritor Pere Gimferrer considera que, si el Parlament prohíbe las corridas de toros en Catalunya, se producirá «la más grave agresión cultural desde la Transición», y que, además, «afectará a una parte de la cultura catalana».

La presidenta del PPC, Alicia Sánchez-Camacho, por su parte, subrayó ayer en declaraciones realizadas a la cadena TV3, que su partido estudia presentar iniciativas parlamentarias en el Congreso y en el Senado si hoy el Parlament aprueba la prohibición de las corridas de toros, porque, en su opinión, las comunidades tienen competencias para «regular», pero no para «prohibir».

El Govern expresó ayer por su parte su confianza en que el asunto de las corridas no sea utilizado como un «elemento de confrontación» entre Catalunya y el resto del Estado español, porque «los toros son los toros y la política es la política».