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Los juzgados rechazan la petición de LAB de abrir un expediente a Bravo

Los juzgados han denegado la petición del sindicato de apertura de expediente contra el ex director de la Hacienda de Gipuzkoa, Víctor Bravo, por incumplimiento de la ley de función pública. Para LAB esclarecer fraudes como el cometido en la hacienda guipuzcoana «es una carrera llena de obstáculos que beneficia al infractor». No obstante, afirmó que seguirá peleando para esclarecer todo lo sucedido.

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Amaia ZURUTUZA

El sindicato LAB denunció ayer que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Donostia ha desestimado el recurso interpuesto por el sindicato abertzale sobre la petición de apertura de expediente contra el ex director de la Hacienda de Gipuzkoa y ex senador del PNV Víctor Bravo, por incumplimiento de la ley de la función pública vasca en materia de incompatibilidades.

LAB decidió iniciar esta vía «después de constatar la falta de voluntad» por parte de la Diputación para ejecutar su petición de abrir el expediente a las personas implicadas en la trama del fraude que ha existido en la Diputación guipuzcoana.

En el juicio contencioso administrativo que se inició el pasado 24 de mayo en Donostia los abogados de la Diputación y de Víctor Bravo reclamaron la suspensión del mismo alegando «falta de legitimidad» de LAB a la hora de presentar la demanda al entender ellos que el sindicato «carece de interés legítimo en la causa». El juez decidió entonces suspender el juicio para evaluar la demanda de los abogados.

Ahora, la sentencia emitida por el juzgado dicta que «no puede considerarse acreditado ni el interés colectivo del sindicato ni la vinculación con los fines del citado agente social».

Al respecto, LAB respondió que «tiene y ha tenido como interés en la causa abordar el problema del fraude en la Hacienda de Gipuzkoa en su conjunto y hasta el fondo, no por partes y buscando cabezas de turco como parece están haciendo las instituciones», según señaló ayer el sindicato en una nota de prensa. Asimismo, subrayó que «es evidente» el interés social del caso y de LAB, «como agente social reconocido», ante «el saqueo a todos los impuestos que todas y todos los ciudadanos de Gipuzkoa pagamos».

Voluntad política

Por todo ello LAB criticó que esclarecer este tipo de fraudes «es una carrera de obstáculos» que beneficia al infractor y sus encubridores y trata de desalentar al denunciante. En este sentido, incidió en que la apertura de expedientes que solicitó como parte de la investigación a fondo que la Diputación «está obligada a realizar» sólo depende de la voluntad política para llevarla a cabo. Por ello, «es incalificable que algo tan sencillo tengamos que estar reclamándolo ante el Contencioso Administrativo por la falta de actuación de la Diputación», censuró.

Asimismo, calificó de «incomprensible» que los grupos políticos de las Juntas Generales de Gipuzkoa todavía no tengan ninguna respuesta a la petición que del sindicato, lo cual parece indicar, a juicio de LAB, «que existe un pacto de no agresión que perjudicará a la Hacienda Pública y a todos los guipuzcoanos y guipuzcoanas en beneficio de los defraudadores».

Aunque LAB consideró que esta nueva sentencia es un obstáculo más, reafirmó su voluntad de valorar las posibles vías a seguir y aseguró que seguirá exigiendo que, de una vez por todas, se tomen las medidas para «aclarar el fraude cometido, castigar a los responsables y que devuelvan el dinero defraudado».

Asimismo, LAB criticó duramente que bajo estas instituciones hay personas que ostentan cargos políticos en la actualidad «que con su connivencia o pasividad han permitido que el fraude se produzca y están evitando que se llegue hasta el final». Hizo especial incapié en Eneko Goia, ya que, aunque «figuraba en el organigrama del Departamento de Hacienda» como asesor del mismo en la época que se produjo el fraude, a día de hoy ocupa el cargo de portavoz de la Diputación.

«¿Por qué se niegan a actuar?»

Al respecto, LAB recordó cómo en el «caso Margüello» el Hospital de Cruces ha decidido suspender de funciones durante seis años al ex jefe de la Unidad de Calidad del centro José Carlos Margüello por supuestos fraudes e incompatibilidades. «¿Por qué no a Víctor Bravo y Rufino Eizaguirre?», preguntó. «Si ha sido posible en Bizkaia en un caso similar, ¿por qué no se hace en Gipuzkoa? ¿Por qué PNV y H1 que gobiernan la Diputación lo permiten y se niegan a actuar?», censuró.

A pesar de los obstáculos LAB afirmó que seguirá peleando por el esclarecimiento total de este caso y para que «paguen todos los responsables».

Aralar critica la actuación de la Comisión Margüello

El parlamentario de Aralar, Dani Maeztu, advirtió el pasado jueves a la presidenta de la Comisión de investigación del caso Margüello, Laura Garrido, que «en caso de no poner fin al circo mediático en el que se está convirtiendo dicha comisión, solicitará la disolución de la misma». En un comunicado, Maeztu denunció «el uso partidista que del caso está haciendo el grupo socialista, relegando y ninguneando el trabajo que de la comisión de investigación se espera, como es aclarar la mala gestión del dinero público».

A este respecto, criticó «la actitud que está teniendo el Gobierno vasco, y, en concreto, el grupo parlamentario socialista», en relación a la comisión de investigación del caso Margüello. «Desde que se convocó la comisión de investigación parlamentaria las filtraciones han sido continuas, se han hecho públicos todos los informes antes de presentarlos ante la comisión, lo cual nos parece una falta de respeto», añadió. Sin embargo, para Maeztu «la gota que ha colmado el vaso ha sido que el propio grupo del PSE haya anunciado públicamente que acudirá a la fiscalía con el informe del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, obviando incluso el acuerdo de comparecencia del presidente del Tribunal ante la comisión».

Maeztu señaló que sería al finalizar el desarrollo de la comisión y con el dictamen final de la ponencia entre manos cuando cada partido debería tomar las decisiones que crea convenientes. GARA

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