La aprobación de la reforma laboral en Madrid, a falta de la tramitación en el Senado, ha suscitado reacciones críticas de la mayoría sindical vasca, pero, sobre todo, ELA y LAB destacaron por separado la «colaboración necesaria» del PNV para garantizar los planes del presiden- te español, José Luis Rodríguez Zapatero, para desregular el mercado de trabajo y perjudicar las condiciones laborales de los trabajadores.

ELA destacó en rueda de prensa que el texto aprobado supone «la agresión de derechos laborales más importante desde el inicio de la transición». Su secretario general, Adolfo Muñoz, Txiki, el responsable de Política Social, Mikel Noval, y la responsable del Gabinete de Estudios, Janire Domínguez, tacharon de «antidemocrático» el procedimiento que se ha seguido para aprobar esta legislación tan importante en julio y agosto, «con el único objetivo de evitar el debate social».

En referencia al articulado de la reforma, Domínguez indicó que queda garantizado que «facilitará el despido, que será más barato»; permite «el descuelgue de los convenios», y amplía los supuestos del contrato de fomento, que supone una indemnización de 33 días.

«Agresión impresionante»

Mikel Noval recordó que si los grupos políticos minoritarios, entre ellos PNV y CiU, no se hubieran abstenido, «la reforma laboral no se habría aprobado».

Adolfo Muñoz denunció que la reforma laboral es «una agresión impresionante a los derechos laborales, la agresión de derechos más importante desde el inicio de la transición en el Estado español».

Desde el punto de vista de ELA, «esto es una carnicería obscena en un proceso de sumario contra los derechos laborales del que participan los que se llaman socialdemócratas, los de derechas o de centro...», por lo que añadió que «en este deterioro democrático, los partidos políticos se han convertido en delegaciones de intereses patronales». Txiki Muñoz afirmó que la reforma ofrece ya «mano de obra barata y sin derechos», con lo que sentenció que «como derecho ya no existe».

Además mostró su preocupación porque, una vez aprobada la reforma laboral, la de la negociación colectiva está en la mesa de debate. «Está bloqueada», como certificaron los empresarios y los sindicatos españoles, porque «la patronal recibe todo lo que quiere del Gobierno» y en el plazo de seis meses, «si no hay acuerdo entre empresarios y sindicatos, los grupos parlamentarios ya dejaron claro que tiene que abordar esa reforma de la negociación colectiva por la vía del decreto».

Muñoz remarcó que se trata de «centralizar la negociación colectiva, restringiendo los convenios sectoriales territoriales» con el objetivo evidente de «negar la capacidad de decidir».

En contra de la mayoría

Por su parte, tras realizar un pormenorizado análisis sobre los elementos más negativos de la reforma laboral, LAB señaló que «cuando convocamos la huelga general del 29 de junio ya predijimos que la reforma laboral aprobada por el Gobierno español era nefasta para los intereses de los trabajadores y que en el trámite parlamentario podría empeorar más, como así ha sido».

La central que lidera Ainhoa Etxaide afirmó que la huelga general en Hego Euskal Herria dejó patente «que la inmensa mayoría de la sociedad vasca está en contra de la reforma laboral y de las medidas que se están adoptando en contra de la clase trabajadora».

Por ello, LAB tachó de «inadmisible» la postura del PNV en Madrid, «que no sólo ha facilitado la aprobación de la reforma, sino que ha puesto la condición de que el Gobierno español se comprometa a reformar también la negociación colectiva, cuando sabemos las consecuencias que puede acarrear para la clase trabajadora». Ante este cúmulo de agresiones, el sindicato afirmó que «cada día que pasa queda más de manifiesto que los trabajadores de Euskal Herria tenemos que disponer de instrumentos que materialicen nuestro derecho a decidir sobre las políticas sociales y económicas. Es la única manera de defender no sólo nuestros derechos laborales, sino también de poder materializar un cambio social que permita que sean las personas y no el capital el centro y eje de la política económica». Para LAB, «ésa es la única forma de superar de una vez por todas ese esquema de `Madrid decide y a Euskal Herria se le impone'. Un esquema que, por otra parte, contribuyen a que se mantengan las fuerzas regionalistas como el PNV».

LAB exigió a las instituciones vascas que «por respeto a la mayoría sindical y social de Hego Euskal Herria y a los miles de trabajadores que secundaron la huelga general del 29 de junio, se opongan a las reformas y cambien de una vez sus políticas económicas y sociolaborales que sólo benefician a los más ricos». Por ese motivo, llamó a «responder de manera contundente a la aplicación de la reforma» y «a participar en las movilizaciones para echar atrás las medidas acordadas en Madrid y para que se respeten nuestras mayorías sociales y sindicales». Reclamó «políticas eficaces de creación de empleo de calidad», así como «instituciones que garanticen un marco propio de relaciones laborales».

Retroceso, para Confebask

Si las centrales sindicales mostraron su rechazo, Confebask también señaló que «la tramitación ha empeorado de forma sustancial el contenido del decreto del Gobierno español», pero en el sentido contrario del que expresaron los sindicatos.

«No va a favorecer la competitividad empresarial, ni terminar con la dualidad del mercado de trabajo», afirmó. A su juicio, tras el trámite de enmiendas «no se ha producido avance alguno en materia de flexibilidad interna» y criticó que se mantienen «las rigideces en materia de rescisión de contratos, no tanto por la regulación de las causas de despido, sino porque se remite a la autoridad judicial».

Por otro lado, Aralar dijo que supone «un paso atrás en el reconocimiento de los derechos laborales», además de «un retroceso en la regulación progresista de la producción y de las relaciones sociales».