El portavoz de Eusko Alkartasuna en las JJGG de Araba, Lauren Uria, y el procurador Patxi Martínez de Albéniz ofrecieron ayer un balance de la presente legislatura, de la que dicen «no poder estar orgullosos».

Por un lado, señalaron que, si se ha admitido como acusación particular a la Diputación de Araba, es porque ésta se «ha podido ver implicada en la trama», y añadieron que, «como mínimo, está claro que en los despachos de la institución hubo actuaciones irregulares».

Sin embargo, ayer aseguraron ante los medios que todavía no han tenido acceso al sumario del caso, y que aprovecharán los meses estivales para recabar información. De esta manera, EA, socio del PNV en el ente foral, expondrá en otoño «una postura clara y definitiva» al respecto.

Asimismo, Patxi Martínez de Albéniz exigió a la Diputación la remisión del sumario «a todos los grupos junteros», e indicó que su formación «votará favorablemente» si algún grupo solicita la creación de una comisión de investigación en torno a la supuesta trama, algo que ya anunció Aralar.

Abordar la política fiscal

Por otro lado, Uria y Martínez de Albéniz anunciaron que la propuesta fiscal diseñada por EA, la izquierda abertzale, EB y Aralar se presentará en setiembre y supondrá un «cambio fiscal de calado».

En la rueda de prensa indicaron que, «ante la bajada en la recaudación» de la Hacienda Foral, es «necesario reformar la fiscalidad para hacer frente a la crisis económica y para garantizar los servicios sociales».

En este sentido, dijeron que ellos apuestan por «una política fiscal en la que tengan más peso las rentas de capital y se rebaje la presión sobre las rentas más bajas».