Mientras la izquierda abertzale sigue trabajando y desarrollando iniciativas para que un verdadero proceso democrático se active en Euskal Herria, desde el Estado español aceleran los procesos judiciales contra sus militantes y dirigentes, tal y como se ve en las últimas semanas con las elevadas peticiones de prisión que está realizando la Fiscalía española por hacer política en Euskal Herria. Si la semana pasada el fiscal de la Audiencia Nacional española solicitó penas entre 7 y 9 años contra los imputados de la plataforma electoral D3M y el partido Askatasuna, ayer, la Fiscalía española pidió 10 años de cárcel contra otros 43 vascos, acusados también de «reorganizar» Batasuna.

Tal y como recogían las agencias española Efe y Europa Press, quienes tuvieron acceso al escrito de la Fiscalía con las peticiones de cárcel del sumario 4/08, el referente a las causas contra Batasuna, EHAK-PCTV y la histórica formación EAE-ANV, el Ministerio Público -cuyos representantes son elegidos por el Gobierno, en este caso el PSOE- acusa a los 43 ciudadanos vascos de «integración o colaboración con organización terrorista». En concreto, según las agencias, «se les acusa de contribuir a la estrategia de ETA para lograr que ésta pudiera mantenerse en las instituciones, tras la ilegalización de Batasuna, a través de los diferentes procesos electorales celebrados entre 2005 y 2009».

TAV, «caja única», testigos...

Así, entre los 43 imputados se encuentran tanto dirigentes de la izquierda abertzale como Pernando Barrena, Juan Joxe Petrikorena o Marije Fullaondo, como cargos públicos como la alcaldesa de Arrasate, Ino Galparsoro, y, entre otras, las que fueran parlamentarias en la Cámara de Gasteiz Nekane Erauskin y Karmele Berasategi.

Entre las «curiosidades» del sumario se puede ver cómo el caso instruido por el juez Garzón se empeña en imputar a dirigentes de Batasuna de Ipar Euskal Herria como Xabier Larralde, Aurore Martin o Jean Claude Aguerre, cuando al otro lado del río Bidasoa la formación independentista, a ojos de las autoridades y de la Justicia francesa, Batasuna no es «ilegal».

Además de eso, entre los ahora procesados también se encuentran varios vascos que actualmente se encuentran encarcelados por similares acusaciones y procesos. Ése es, entre otros, el caso de Imanol Iparragirre, Ana Lizarralde, Maite Díaz de Heredia o Ibon Arbulu, éste último en libertad, aunque actualmente está siendo juzgado por el caso Udalbiltza.

El Ministerio Público español entiende que Batasuna «compró» a ANV para sus fines, y que a EHAK-PCTV «lo fagotizó». Entiende que existió «una sumisión» de estos, además de acusarles de crear una «caja única» entre las tres fuerzas.

Además, defiende que las consultas contra el TAV o iniciativas similares impulsadas desde consistorios gobernados por la izquierda abertzale responden al mismo fin. Y, además, el fiscal pide que Arnaldo Otegi, Joseba Permach, Rufi Etxeberroa, Karmelo Landa, José Luis Elkoro y Juan Kruz Aldasoro comparezcan como testigos.