![](http://www.gara.net/naiz/naiz.gif)
Uribe rechaza en su despedida cualquier diálogo con las FARC
En su último discurso como presidente de Colombia, Álvaro Uribe insistió en influir en la política que debe seguir su sucesor, al enviar un mensaje a la guerrilla de las FARC, en el que aseguraba que no habrá ningún tipo de solución dialogada al conflicto armado. Por contra, hizo apología de su política de seguridad democrática y alabó la labor de las fuerzas de seguridad. Ni una palabra sobre las ejecuciones extrajudiciales o los cinco millones de desplazados.
![p018_f01_148x104.jpg p018_f01_148x104.jpg](/Repository/Imagenes/Pub_3/Issue_4835/p018_f01_148x104.jpg)
Blanche PIETRICH («La Jornada») |
A unas horas de dejar el poder que ha ejercido con mano férrea en Colombia durante ocho años -los de mayor retroceso en América Latina en la agenda de los derechos humanos- Álvaro Uribe emitió la noche del jueves [madrugada de ayer en Euskal Herria] un mensaje de despedida. Su último discurso antes de ceder hoy el cargo a Juan Manuel Santos.
Durante su intervención se dirigió a Alfonso Cano, dirigente de las FARC, quien la semana pasada hizo un emplazamiento público a Santos para solucionar el conflicto armado mediante el diálogo. Uribe negó, por enésima -y última- vez la posibilidad de negociar con la guerrilla: «Poco interés prestamos a las tentaciones de engaño, de invitación al diálogo por los terroristas, pero dimos todo nuestro amor al diálogo fraterno con los colombianos de bien», dijo.
De una manera muy elíptica, también replicó a su archienemigo, el presidente de la vecina Venezuela, Hugo Chávez. No abonó más el camino trillado del insulto directo al inquilino del Palacio de Miraflores, en Caracas. Optó por un mensaje que no pasó inadvertido para nadie en Colombia: «Compatriotas, cuidemos las libertades. cuidemos la libertad de iniciativa de emprendimiento, hoy maltratada en otros países».
Quiso responder asimismo al semanario estadounidense «The Economist», que hace algunas semanas tituló de manera muy destacada un artículo que tituló «Álvaro Uribe debería prestarle un servicio más a su país: dejar que su sucesor gobierne». Uribe pidió que «apoyemos todos al presidente Juan Manuel Santos, a su Gobierno. Que sea una etapa de gran prosperidad para la patria, con inmensa equidad».
Escepticismo
Esas palabras que cayeron con dosis de escepticismo en oídos de quienes saben que apenas hoy salga de la Casa de Nariño, Uribe será un opositor más, uno de los más rencorosos, en el mandato de Santos, verdadero delfín de la oligarquía bogotana.
No faltaron, en su última alocución como presidente, sus referencias al Ejército, los soldados y la Policía, con quienes, dijo, «tenemos que rodearnos, querernos». Ni una palabra sobre las víctimas de los cuerpos de seguridad, los llamados «falsos positivos» o los cinco millones de desplazados.
El presidente saliente también reservó un espacio para dedicarlo al autoelogio a la estrella central de su gestión, la denominada estrategia de la seguridad democrática, la cual resumió en términos caseros: «Necesitamos una nación segura y unas ciudadanía desarmada». Para lo que se requiere, continuó, «cariño, confianza y un celular». Esto último tampoco requiere mayor explicación para los ciudadanos que conocen bien que los «informantes», el espionaje ciudadano y la delación civil son el motor de la seguridad democrática.
Por algo muchos llaman a Colombia «el país de los sapos».
El comandante del Ejército, Óscar González, dijo ayer que la cifra de guerrilleros de las FARC ha disminuido hasta los 7.000, desde los 22.000 que existían cuando Álvaro Uribe llegó a la Presidencia del país, en el año 2002.
Las autoridades colombianas detuvieron, en el sur y suroeste del país, a doce militares, uno de ellos ya retirado, por su presunta responsabilidad en la muerte de unos veinte civiles presentados como bajas en combate de grupos armados, informó ayer la Fiscalía, citada por Efe.
Las detenciones fueron autorizadas por un juez de control de garantías a petición de un fiscal de la Unidad de Asuntos Humanitarios.
La Fiscalía detalló que los hechos ocurrieron en los dos últimos años en diferentes partes del suroeste de Colombia. GARA