Alberto PRADILLA

Israel sólo nos ofrece dos opciones: ir a la cárcel o abandonar Jerusalén Este», explica Mohammed Totah, de 41 años, y uno de los tres parlamentarios de Hamas encerrados en la Cruz Roja para evitar su deportación. Junto a él se encuentran Ahmed Atoun (de 43 años) y Khaled Abu Arafeh (de 49), antiguo ministro palestino para Asuntos de Jerusalén. Ninguno de los tres ha salido de la sede de la organización sanitaria desde el pasado 1 de julio, cuando venció el plazo impuesto por las autoridades hebreas para que abandonasen la ciudad.

Muhammad Abu Teir, también diputado por Hamas, fue arrestado ese mismo día. Ahora se encuentra en prisión después de rechazar la única alternativa ofrecida por las autoridades sionistas: pagar una fianza de 100.000 shekels -alrededor de 21.000 euros- como garantía de que no regresará a la capital palestina.

Los cuatro cargos electos palestinos resultaron elegidos en 2006 por la circunscripción de Jerusalén Este. En estas elecciones, los habitantes de la capital palestina tuvieron que votar por correo debido al veto impuesto por Tel Aviv a la instalación de urnas. No obstante, apenas han pasado dos meses en libertad desde que obtuvieron su acta de diputado. El 29 de junio de ese mismo año, los cuatro fueron arrestados junto a otros 60 miembros de la Autoridad Palestina en una amplia operación militar contra Hamas, que había obtenido la mayoría en los comicios.

Las autoridades israelíes argumentaron que las detenciones constituían una respuesta a la captura del cabo Gilad Shalit, que permanece retenido en Gaza, por varias milicias palestinas, entre ellas las brigadas de Ezzedim al-Qassam, brazo armado de Hamas. No obstante, éste no fue el único ataque contra el Gobierno palestino, que fue boicoteado por Europa y Estados Unidos después de que la resistencia islamista accediese al Ejecutivo en 2006.

La persecución contra los cargos electos de Hamas no ha cesado desde entonces. A principios del mes de junio, los cuatro parlamentarios recuperaron la libertad, pero las autoridades israelíes revocaron su permiso de residencia en Jerusalén, instándoles a abandonar la ciudad en el plazo de un mes. «Se trata de una medida política, porque la única razón por la que se les ha retirado el documento es haber sido elegidos como parlamentarios», explica Sergio Yahni, director de la oficina de Jerusalén del Alternative Information Center (AIC). Según la legislación israelí, los palestinos no son ciudadanos de Jerusalén, sino residentes, por lo que las autoridades sionistas pueden restringir sus permisos en cualquier momento y convertirlos en ilegales en su propio domicilio.

«La única acusación contra nosotros es que estamos en Jerusalén Este de forma ilegal, no existe otra», explica Totah con rostro cansado. Ya ha pasado un mes en la sede de la Cruz Roja y desconoce hasta cuándo podrá alargarse el encierro. Casi diariamente, miembros de la Policía patrullan los alrededores de la sede de la organización sanitaria, situada junto al barrio de Sheikh Jarrah.

«Nosotros planteamos una única solución», asegura Totah, que insiste en que sólo abandonarán su protesta en el caso en el que se garantice que podrán «volver a casa con la seguridad de que no seremos detenidos de nuevo, que Israel nos devolverá los documentos de identidad que nos confiscó y que Abu Teir será liberado y regresará a su domicilio». Por el momento, no hay noticias que apunten a una solución, y ni siquiera existen canales de diálogo abiertos con las autoridades israelíes. «No negociaremos con Israel. No legitimaremos a la ocupación», asegura, en declaraciones a GARA.

Inmunidad

En principio, la sede de la Cruz Roja está blindada por la legislación internacional, por lo que ni Policía ni Ejército pueden asaltarla para detener a sus ocupantes. Pero ellos no se fían. «La ocupación israelí no tiene líneas rojas. Son capaces de cualquier cosa, incluso de ir contra la inmunidad de la Cruz Roja. El último ejemplo lo tenemos con el asesinato de nueve activistas a bordo de la Flotilla de la Libertad», insiste Totah.

Por el momento, los tres cargos electos no se mueven del edificio, donde diariamente reciben la visita de delegaciones internacionales que se desplazan hasta la sede sanitaria para mostrar su solidaridad. Entre los apoyos también se encuentra el de Mahmud Abbas, presidente de la Autoridad Palestina y líder de Al-Fatah, con quien Hamas mantiene un enfrentamiento desde 2007. No obstante, los parlamentarios del movimiento islámico no terminan de fiarse de sus palabras. «Dice que está tratando de negociar con Israel y Estados Unidos para buscar una solución, pero no es suficiente», señala Totah, que insiste en que esta posición no es compartida por los miembros de Al-Fatah en Jerusalén Este, sobre quienes también pesa la amenaza de ser expulsados. «Existe una lista de 318 personalidades de la ciudad con riesgo de ser deportados», advierte, para recalcar que miembros de la formación fundada por Yasser Arafat también podrían correr la misma suerte.

Al margen de las tensiones internas, lo que este caso ha incrementado es la falta de confianza de una parte de la sociedad palestina en la comunidad internacional, que fue quien promovió unas elecciones que después terminaron en agua de borrajas. Tal y como señala Totah, «en 2006 se celebraron elecciones y no se aceptaron los resultados ni el deseo de la gente. Por eso, la población no se fía, aunque no sabemos si esto influirá en la actitud de la sociedad cuando vuelva a votar». Eso sí, no se sabe cuándo. Las municipales palestinas, previstas para mediados de julio, fueron nuevamente aplazadas y no existen perspectivas de que vuelvan a convocarse. Mientras tanto, los tres parlamentarios continúan encerrados en la Cruz Roja. «No nos marcharemos hasta que no se nos permita volver a casa en libertad y sin miedo», advierten.