Las detenciones de Gurutz Agirresarobe y Aitziber Ezkerra a principios de mes, las declaraciones del consejero de Interior de Lakua en torno a las mismas y el posterior auto de procesamiento dictado por la Audiencia Nacional española son el último ejemplo de la inexistencia de seguridad jurídica en el Estado español que Gongeta denuncia en su artículo y ante la que especialmente los ciudadanos de Euskal Herria se encuentran indefensos.