Rateros. La pareja de madrileños que se apoderó de la placa con la que la Diputación Foral de Gipuzkoa expresa su particular «cumplo pero no acato» a la obligación de colocar la bandera española en el mástil del edificio foral han sido acusados de rateros. Lo digo porque el delito que el juez les imputa es el de «hurto», que precisamente distingue a los rateros de otras familias de amigos de lo ajeno con mayor prosapia. Los dos ultraderechistas hurtaron, presuntamente y sin violencia, un objeto de poco valor, inferior a los 400 euros, según el ordenamiento jurídico español. Por eso no llegan ni a ladrones.

No sé. O al final va a ser cierto que las instituciones públicas se están rascando el bolsillo por la crisis, o no me cuadra que la placa de marras haya costado menos de 400 euros. Mucho me extraña que esta placa, cualquier placa, destinada a colgar en la fachada de una edificio con el porte del Palacio Foral no supere ese importe. Puede que esté equivocado, aunque dudo de que el juez pidiese la factura. Pero voy más allá. ¿Es lo mismo robar una Wii en el Corte Inglés que arrancar una placa oficial de un edificio público? Así lo entiende el juez encargado del caso (perdón, ni siquiera hay caso, porque no hay delito, sino falta).

No seré yo quien clame por el endurecimiento del castigo para quienes se llevan algo que no es suyo. Así, en general. Ocurre que no puedo evitar las comparaciones y estoy seguro de que, aun sin llevarse nada, si pillan a otra pareja lanzando globos de pintura de los mismos colores que ondean en la Plaza Gipuzkoa contra la fachada en cuestión, como poco se llevan unos guantazos, una multa de calibre grueso, una condena a pagar los costes de limpieza de la fachada (bastante más de 400 euros) y quedan fichados para los restos. Eso, si no se les acusa de terrorismo o delito asimilable y se les mete en una siniestra furgoneta camino de Madrid.