Cinco de los seis ciudadanos franceses que fueron juzgados por el Tribunal de Pau el pasado 10 de junio han sido condenados por «ultraje a autoridad pública», en concreto, al prefecto de Pirineos Atlánticos, Philippe Rey.

En el verano de 2008, los procesados habían enviado correos electrónicos para protestar por la detención de una familia albanesa que fue ingresada, junto a los hijos menores de edad, en el centro de retención de Hendaia por no contar con el permiso de residencia pertinente. En esos mensajes denunciaban estos métodos y los comparaban con los de los altos funcionarios del gobierno de Vichy.

El prefecto se ha mostrado «satisfecho» por la condena, que consiste en sendas multas de 1.000 euros (con obligación de pago) y en 1 euro simbólico para él.