El Ejecutivo uruguayo trabaja en una iniciativa para dejar sin efecto la llamada Ley de Caducidad, que evitó juicios por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura (1973-1985), dijo el miércoles el canciller Luis Almagro. El proyecto que prepara el Gobierno establecerá que los artículos 1, 2, 3 y 4 de esta ley colisionan con las normas internacionales a las que Uruguay se adhirió, explicó Almagro a radio Carve. «Hay una responsabilidad como Estado ante demandas planteadas en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos», dijo.