Donostia acogerá esta tarde una manifestación que quiere impulsar un escenario en el que los derechos de Euskal Herria y de sus ciudadanos sean respetados y resulten materializables. La manifestación, que partirá a las 17.30 desde el Boulevard, cuenta además con la luz verde de la Audiencia Nacional española, que, haciendo caso omiso a la Fiscalía del tribunal especial y a la asociación ultra Dignidad y Justicia, falló ayer en contra de su prohibición.

El auto emitido al mediodía de ayer por el juez Fernando Andreu concluye que los informes policiales recabados en torno a la convocatoria de la marcha, que fue realizada por un grupo de ciudadanos donostiarras, se limitan a reseñar «los antecedentes policiales y pasadas adscripciones a organizaciones ilegalizadas» de los convocantes. Unos datos con los que, según el juez, «no puede inferirse la existencia de ilícito penal», por lo que considera que no es posible la prohibición de la misma.

Advierte, en este sentido, deque en caso contrario se incurriría en la aplicación del «Derecho Penal de autor», al fijar la aplicación de la norma no en lo que una persona haya hecho, sino en lo que pueda hacer en virtud de su condición o antecedentes. Como subraya en el auto el magistrado y han reclamado muchas veces las defensas de ciudadanos vascos ante este tipo de prohibiciones, «produciría la vulneración de las garantías procesales».

Andreu, estos días al frente del Juzgado de Instrucción número 1, hace además una extensa alabanza del derecho de reunión. Apunta, por ejemplo, que su ejercicio es para muchos grupos sociales «uno de los pocos medios de los que disponen para poder expresar públicamente sus ideas y reivindicaciones».

A juicio del magistrado que sustituye a Santiago Pedraz, es el Departamento de Interior de Lakua la autoridad gubernativa a la que le corresponde «velar por el cumplimiento de los requisitos constitucionales en el ejercicio del derecho de manifestación». Concluye, en esta línea, que si el departamento liderado por Rodolfo Ares -al que se le hizo llegar la oportuna comunicación del promotor de la marcha- hubiera apreciado «la existencia de indicios delictivos», no hubiera permitido su celebración.

Pese a todo, Andreu ordena al Departamento de Interior que realice «el pertinente control y seguimiento» de la manifestación para evitar que durante su transcurso se produzcan «actuaciones que pudieran enmarcarse en el enaltecimiento a personas o gru- pos terroristas o asociaciones declaradas ilegales». Solicita además que en caso de producirse estas circunstancias la Ertzaintza «identifique o, en su caso, detenga a los autores de dicha actuación».

Nada más conocerse el fallo del tribunal especial, la consejería dirigida por Rodolfo Ares emitió una resolución por la que modifica el recorrido de la marcha, trasladando el final de la manifestación del Boulevard a la anexa Plaza de Okendo. Argumenta que pretende que la marcha no interfiera en el inicio de Aste Nagusia donostiarra, prevista para las 19.00 en Alderdi Eder.

La manifestación, que recorrerá esta tarde Donostia bajo el lema «Euskal Herriaren eskubideen alde», fue convocada por un grupo de ciudadanos a primeros de agosto.

La asociación Dignidad y Justicia tardó un día en pedir su prohibición y la Fiscalía de la Audiencia Nacional española, le emuló anteayer. Antes, sin embargo, varios diarios abrieron la veda contra la convocatoria. ``El País'', por ejemplo, se refirió a la convocatoria como un «desafío de Batasuna» a las autoridades.