El debate de la fiscalidad en los actuales términos y con los mismos protagonistas siempre será un fiasco, aunque algunos políticos se las prometan muy felices engañando a la población. Nos dicen que quieren que los impuestos se redistribuyan mejor, pero es mentira. Son declaraciones para quedar bien, que no son creíbles, tampoco ciertas. No quieren eso.

Hace unos días, en «El Correo Español», el diputado del área económica del PNV en el Congreso español, Pedro Azpiazu, manifestaba que «para subir los impuestos hay que esperar a salir de la crisis», en respuesta al «amaestrador de mentes» José Blanco, ministro español, que propuso iniciar un debate sobre la presión fiscal, aunque quedó segado unos días después con la intervención de la vicepresidenta económica española, Elena Salgado.

A Azpiazu hay que recordarle que su partido, el PP, UPN y el PSE en los quince años de crecimiento económico y de elevados beneficios de la élite económica y empresarial de Euskal Herria lo que han hecho es precisamente lo contrario: bajar la presión fiscal a quienes más tienen. No debemos dejar que nos engañen ni Azpiazu, ni Blanco, ni López, ni Sanz, ni Salgado, ni Botín, ni González, ni Fernández ni... nadie. En 2009, según el Banco Banif, el 1,30% de la población vasca controlaba el 44,4% de la riqueza que se genera en Hego Euskal Herria. Mientras muchos se quedaban en el paro, a unos pocos no les preocupaba; no viven con la espada de Damocles encima de sus cabezas pensando qué va a ser de ellos al día siguiente, sin trabajo ni ingresos.

Ignacio Zubiri, catedrático de Hacienda de la UPV-EHU, también ha reconocido que «la mayoría de las empresas paga entre poco y nada en el Impuesto de Sociedades». Si no paga quien tiene, ¿quién va a pagar? Admite, además, que el fraude fiscal en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa está entre el 17% y el 21%, es decir por encima de los 10.000 millones.

Y, por si fuera poco, la presión fiscal en Hego Euskal Herria está muy alejada de la media de la Unión Europea. Aplicando la misma llegarían además otros 8.100 millones anuales a las arcas públicas, pero para eso tienen que pagar más los que más tienen. Ése es el problema.