Un tribunal de apelaciones de Buenos Aires reabrió el viernes (madrugada de ayer en Euskal Herria) una causa que investiga crímenes de lesa humanidad cometidos en el Estado español durante la dictadura de Franco, al anular un fallo que desestimó una denuncia de familiares de víctimas y organismos de derechos humanos de Argentina, señaló una fuente judicial a AFP.

La Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones dispuso, además, que se libre un exhorto por vía diplomática al Gobierno español para determinar si en su territorio hay algún proceso abierto por los casos denunciados.

El exhorto pide al Gobierno español que informe «si efectivamente se está investigando la existencia de un plan sistemático generalizado y deliberado de aterrorizar a los españoles partidarios de la forma representativa de gobierno, a través de su eliminación física, llevado a cabo en el período comprendido entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977».

La querella fue presentada el 14 de abril con la pretensión de que la Justicia argentina investigue los crímenes cometidos durante el franquismo hasta 1977. La denuncia se basó en la aplicación del principio de «jurisdicción universal» que rige sobre los delitos de lesa humanidad, el mismo principio que el juez español Baltasar Garzón tuvo en cuenta para investigar delitos de lesa humanidad durante las dictaduras en Argentina y Chile.

La Fiscalía desestimó impulsar la denuncia al entender que en el Estado español hay investigaciones penales en curso, por lo que la jueza María Servini de Cubría dijo no poder seguir adelante con el caso, aunque los querellantes negaron que existan causas abiertas en los tribunales españoles.

Los jueces Horacio Cattani y Martín Irurzun consideran en su fallo que la sola existencia de querellantes basta para seguir con la investigación y ordenó enviar el exhorto para confirmar la existencia o no de causas abiertas en el Estado español.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica se mostró satisfecha por la decisión y recalcó que en el Estado español «no se está investigando», al tiempo que acusó a los jueces españoles de «prevaricar». La Plataforma contra la Impunidad del franquismo calificó de «lamentable paradoja» que se tenga que recurrir a una Justicia extranjera en este asunto.