La Unión Europea (UE) se resiste a condenar la política del Estado francés en relación a la expulsión de gitanos. Ayer mismo, el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, se negó a denunciar estos hechos, alegando que no se debe politizar esta cuestión.

«Es un tema tan sensible, cuando surge un problema debemos actuar con responsabilidad. Hago un fuerte llamamiento para no volver a despertar los fantasmas del pasado europeo», afirmó Barroso durante el debate sobre el estado de la UE celebrado en el Parlamento Europeo, sin hacer una alusión explícita al caso francés.

Aunque matizó que la CE está «en contra de cualquier tipo de discriminación» porque es «simplemente inaceptable», Barroso, quien se reunió la semana pasada en París con el presidente francés, Nicolas Sarkozy, defendió que, para responder a las cuestiones que se plantean en algunos estados miembros, hay que poner siempre el acento en el «equilibrio» entre libertad y seguridad.

Peligros

«Si no se hace, corremos el serio peligro de que las fuerzas extremistas exploten esta situación y se haga populismo con el sentimiento de inseguridad que hay en muchas de nuestras sociedades», continuó el presidente del Ejecutivo comunitario.

Por la tarde, más de lo mismo. La Eurocámara había convocado un debate sobre la situación de los gitanos en Europa, a raíz de la persecución por parte del Ejecutivo de París, pero la comisaria europea de Justicia, Viviane Reding, pasó también sin hacer mucho ruido sobre la cuestión.

Según explicó, sin abundar en detalles, los servicios jurídicos de la Comisión se encuentran en pleno análisis de las expulsiones y que, por tanto, la CE no puede dar una opinión sobre el asunto. Puede que también influya que el Estado francés sea, junto con Alemania, fundador de la Unión Europea y que por ello cuente con la misericordia de Bruselas por encima de cualquier reglamento.

En cualquier caso, Reding afirmó que si Bruselas detectase una violación de la normativa, no dudaría en actuar contra el Estado francés o contra cualquier otro país, y recordó que ya se han solicitado aclaraciones a El Elíseo ante las dudas suscitadas por la forma en que se han desarrollado las deportaciones.

La comisaria indicó que las autoridades de París han garantizado que las expulsiones se llevan a cabo tras estudiar caso por caso y no van en contra de un colectivo concreto.

Sin embargo, Reding manifestó su preocupación por la «retórica» que ha surgido en varios países en torno a los gitanos y subrayó que la libre circulación de personas, la igualdad de trato y la no discriminación son derechos fundamentales en la UE.

Cabe destacar que la comisaria hizo la mayor parte de esas consideraciones en su segunda intervención, después de escuchar duras críticas a la respuesta de la CE por parte de numerosos eurodiputados.

«Estoy profundamente decepcionado escuchando hoy a la CE», señaló en nombre del grupo socialdemócrata Hannes Swoboda, que instó a Bruselas a asumir su «responsabilidad» ante unas expulsiones que a juicio de la segunda fuerza de la cámara violan la legislación comunitaria.

Más duros se mostraron los liberales tanto con la CE como con París, a quien acusan de «aprovecharse de la vulnerabilidad» de la comunidad gitana y de actuar con «cinismo» hablando de retornos voluntarios.

La diputada liberal rumana Renate Weber ha criticado también a Bruselas por su «silencio ensordecedor» cuando hace años Italia tomó decisiones similares a las francesas y llamó a la CE a «demostrar su papel de guardián de los tratados y la legislación».

«No niegue usted la realidad, asuma sus responsabilidades», le insistió también a Reding la ecologista Hélène Flautre.