El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó ayer la toma en consideración de la nueva Ley de Víctimas del Terrorismo que contempla un nuevo baremo de indemnizaciones y que endurece las prohibiciones de todo aquello que pueda ofender a dichas víctimas. Además, se retrasa la fecha de retroactividad de la ley hasta 1960 para que puedan acogerse a ella los familiares de la niña Begoña Urroz, que resultó muerta en un atentado del Directorio Revolucionario Ibérico de Liberación (DRIL), pero que en los últimos años se está intentando atribuir a ETA como si fuera su primera víctima mortal. De hecho, el proyecto de Ley contempla aquella fecha, el 27 de junio, como «día de recuerdo y homenaje a las víctimas del terrorismo».

En el nuevo texto y por primera vez, el Estado reconoce la figura de los «amenazados», personas que acrediten sufrir «amenazas o coacciones directas y reiteradas de organizaciones terroristas» y que «serán objeto de especial atención» por parte de las administraciones públicas.

El debate de la norma no escapó a la situación abierta tras la suspensión de atentados por parte de ETA. El ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, aseguró que «la voluntad para acabar con el terrorismo es más firme que nunca» y que «el final está más cerca». Su discurso fue aplaudido por la AVT que, por contra, criticó que en el momento del debate no hubiera ningún otro miembro del Gobierno en el Congreso.

Antonio Alonso, del PP, dejó claro que la prioridad de su partido es impedir que la izquierda abertzale pueda estar en las próximas elecciones. Su intervención fue criticada por el jeltzale Emilio Olabarria, que le reprochó haber hecho «demasiadas reflexiones colaterales» e intentar «patrimonializar el dolor de las víctimas».

El portavoz de ERC, Joan Ridao, señaló que la decisión de ETA «constituye una noticia positiva porque, aunque sea necesario un cese definitivo, eso no hace menos significativo un compromiso de la organización armada de no seguir matando». Pese al escepticismo, «rechazo ver el vaso medio vacío por lo que pido un esfuerzo generoso, debe ser un estímulo».

Rosa Díez, de UPyD, quiso aclarar que «ésta no es una ley para la reconciliación, sino para proteger a las víctimas; ésa es la asignatura pendiente con ellas».