Las reacciones al proyecto de ley antitabaco que el pasado martes aprobó el Consejo de Gobierno de Lakua no se han hecho esperar. Así, Eusko Alkartasuna afirmó ayer que la reforma de la ley presenta «excesos que habrá que corregir» durante la tramitación en la Cámara de Gasteiz.

El parlamentario Juanjo Agirrezabala afirmó a través de un comunicado que comparte la filosofía general del proyecto en lo que se refiere a la prohibición de fumar en bares y otros establecimientos públicos. No obstante, precisó que la norma plantea «restricciones excesivas» en algunos casos.

En este apartado, destacan la prohibición de fumar en áreas de juegos infantiles al aire libre, o la prohibición total en los hoteles, que no dejarán ninguna habitación habilitada.

Además, Agirrezabala reclamó que durante la tramitación del proyecto en el Parlamento, el Gobierno concrete, e incluso incluya en la ley, «acciones de concienciación que vayan más allá del efecto disuasorio de las sanciones». Lo fundamental, dijo, es que la idea de que el tabaco es perjudicial para la salud, se extienda en la sociedad. Algo que, según afirmó, «no se logra a base de multas, sino que es necesario hacer pedagogía desde las instituciones competentes».

La consejera de Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta, se reunió ayer con los representantes de los hosteleros con el objetivo de informarles de las medidas de concienciación que se van a poner en marcha. Ante el temor que la ley ha generado, la consejera aseguró que «si todos los bares cumplen la ley, ninguno saldrá perjudicado». Los hosteleros reclamaron el pago o la compensación económica a los que invirtieron en la adecuación de los locales tras la reforma anterior y la regulación de la prohibición de fumar en txokos y sociedades gastronómicas. Sin embargo, se mostraron «frustrados» a la salida y aseguraron que «no se hizo caso a las alegaciones».

Zabaleta ofreció a los perjudicados mantener un cauce de participación para conocer el impacto de la ley en el sector y aprovechó también para trasladar el «total» apoyo y respaldo de su departamento hacia ellos, para «ayudarles a resolver los problemas y las dudas que se les puedan plantear a la hora de aplicar la ley».

La ministra española de Sanidad, Trinidad Jiménez, saludó la «valentía» del Ejecutivo.