Jornadas que superan las once horas, horas extras que no se pagan, impago de finiquitos, trabajo a destajo por horas o por metros son algunas de las condiciones en las que se está construyendo la macro cárcel de Zabaia, en el municipio alavés de Iruña Oka, según han denunciado CCOO, UGT y LAB ante la Inspección de Trabajo .

Juan Luis España (CCOO), Juan José Vallejo (UGT) y Txema López de Sabando (LAB) expusieron ayer en Gasteiz las razones de esta denuncia. Aseguraron que las vulneraciones del convenio colectivo de la construcción son constantes entre las empresas subcontratadas por FCC para llevar a cabo la obra y que se producen con el beneplácito tanto de Instituciones Penitenciarias como de FCC.

Explicaron que estas empresas, con sede en Andalucía, Levante y otras comunidades españolas incumplen el convenio alavés, lo que ha producido una alta rotación de trabajadores debido a que las malas condiciones laborales les llevan a abandonar tras constatar además que no cobrarían lo previsto.

Según los sindicalistas, más de un millar de personas han pasado por esta obra, en la que actualmente trabajan más de 400, y que es la de mayor envergadura en marcha en el territorio alavés. Incluso -afirmaron- algunos tuvieron que pedir dinero a sus familiares para poder pagar los alquileres o volver a sus lugares de residencia. al no haber cobrado los finiquitos.

No es un caso aislado

Hasta ahora, los casos detectados, -una pequeña parte, debido a la procedencia de los trabajadores y su falta de sindicación- han venido siendo denunciados por cada sindicato de forma individual. Señalaron que FCC conoce estos hechos y no los soluciona, aunque ha ordenado algunos pagos al presentarse las denuncias. Pero ahora las tres centrales, de forma conjunta, han presentado estos hechos ante la Inspección para que los compruebe y los sancione «con el máximo rigor».

Subrayaron que no se trata de comportamientos aislados, ya que se producen también en otros proyectos promovidos además por administraciones públicas, como la construcción de las nuevas oficinas municipales de Gasteiz o las Viviendas de Protección Oficial impulsadas por Visesa -dependiente del Gobierno de Lakua-, subcontratadas a empresas de Portugal.

Criticaron que se adjudiquen a empresas de fuera, en detrimento de las alavesas y facilitando los incumplimientos del convenio cuando en Araba hay más de 2.400 trabajadores de la Construcción en paro.