ETA anuncia que ha suspendido sus atentados y los gobiernos de Lakua y Madrid contestan imponiendo la prohibición de manifestaciones que reivindican el respeto a todos los derechos, el pri- mero de la lista el «derecho a la vida». Parece el mundo al revés. Es España.

El dato no hace sino evidenciar lo largo y tortuoso que será el proceso hasta la consecución de un marco democrático. Y frente a los que a las primeras de cambio ya plantean respuestas hormonales, queda clara la necesidad de agudizar la paciencia, el ingenio y la suma de voluntades. Esta no es una cuestión de cojones, sino de alcanzar el objetivo.

Para quien todavía no lo tenga claro, lo dijo la izquierda abertzale el martes: «Nadie ni nada nos va a sacar del carril». Si el Estado español se empecina en los obstáculos, la insistencia popular, por vías políticas y democráticas, los acabará superando o sorteando.

Con el anuncio el domingo de que «hace ya algunos meses tomó la decisión de no llevar a cabo aciones armadas ofensivas», ETA abrió la puerta de un camino que no tiene marcha atrás. El empeño del Gobierno español ha sido el vender la decisión de la organización armada como fruto de su debilidad y agotamiento. Una interpretación que contrasta con dos informaciones -basadas ambas en «fuentes de la lucha antiterrorista»- que el martes publicaban los diarios del grupo Vocento. «El Correo» titulaba con estrépito su primera página diciendo que «Francia advierte que ETA está `forrada de pasta'». «La Rioja» elegía otra noticia que también figuraba en el resto de periódicos del grupo según la cual el Ministerio del Interior apunta que la organización armada cuenta con al menos cuatro comandos de los que carece de pistas, entre ellos el que destruyó el cuartel de la Guardia Civil en Burgos y el que atacó en la isla de Mallorca.

Contando con dinero y militantes activos, y por muchas detenciones que se hayan producido, es difícil pensar que ETA tomara una decisión de este calibre e hiciera el anuncio por debilidad. Si así fuera, hubiera optado por gotear atentados de poca envergadura y escaso riesgo para ganar tiempo.

La de ETA es una actuación política que se encuadra en la decisión estratégica adoptada por la izquierda abertzale durarante el debate celebrado el pasado otoño e invierno, en el que optó por la acumulación de fuerzas y el uso de las vías pacíficas y democráticas para conseguir sus objetivos políticos. Y en la que se determinó, además, que corresponde a la formación política, «sea cual sea su nombre y estructura legal, ser la referencia de todos los independentistas y socialistas de Euskal Herria en la práctica política, de masas, ideológica e institucional a desarrollar en el proceso democrático».

Es cierto que la fórmula utilizada por ETA en el vídeo remitido a la BBC y a GARA para dar cuenta de su suspensión de atentados resulta chocante en comparación con las utilizadas históricamente para anunciar este tipo de decisiones de hondo calado. En cualquier caso, también es cierto que es la primera vez que declara un alto el fuego de forma unilateral e incondicional.

Se han hecho multitud de análisis sobre el comunicado. Ha habido incluso quien desde las páginas de «El País», con el firme propósito de no entrar en el fondo del asunto («a más cómo, menos por qué») se ha entretenido advirtiendo del empleo del subjuntivo y el uso repetido de gerundios. Sin embargo, no es fácil encontrar en la historia de ETA un comunicado que requiera menos análisis semióticos que éste.

Ya está... El paso que se le pedía está dado. Es un paso todavía desnudo que en el futuro habrán de vestir. Pero es «el paso» porque no cabe marcha atrás. No, al menos, dentro de la estrategia adoptada mayoritariamente por la izquierda abertzale y que, como explicó Rufi Etxeberria, es un mandato para todas las organizaciones que se encuadren en su seno.

Por lo tanto, los términos empleados por ETA para dar cuenta de su decisión son ya lo de menos. Pocas veces se ha dicho tanto en apenas una frase. Porque lo fundamental es la apuesta de la izquierda abertzale, y ésa es irreversible.

Junto a la idea de la debilidad de ETA, desde determinadas instancias se ha intentado vender la falta de repercusión del anuncio de suspensión de acciones armadas. Tal afirmación contrasta, en primer lugar, con la infinidad de páginas que los mismos periódicos dedicaban a hablar y analizar un comunicado que decían no tenía nada nuevo o resultaba insuficiente.

Pero, probablemente, lo más doloroso y desconcertante para la estrategia del Gobierno español haya sido el eco que el anuncio de ETA ha tenido en influyentes medios de comunicación internacionales. La noche del viernes, la cadena de televisión europea, Euronews, emitió una entrevista con el mediador sudafricano Brian Currin. Un hombre determinante en este proceso. Y en la prensa destaca que «The New York Times», «Financial Times», «Le Monde», «The Independent» y «The Economist» han publicado trabajos sobre la materia. Pese a entender el escepticismo con el que se ha podido tomar la noticia, son muchos los que recomiendan al Gobierno español que haga una gestión inteligente de la oportunidad que se le ha presentado.

Fue «Financial Times» el primero en pronunciarse y quizá el más claro en hablar, al apostar por la legalización de una formación de la izquierda abertzale y el acercamiento de los presos políticos vascos a sus hogares. Y «The Independent» aconsejaba al Gobierno español que tomara lecciones de lo acontecido en el norte de Irlanda.

Una comparación que el ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, dejó muy claro que detestaba, en una reciente entrevista en Radio Euskadi.

En esa misma entrevista, Rubalcaba desveló que su práctica la desarrolla «de común acuerdo» con el PNV y va bien. Hasta el momento, Iñigo Urkullu no le ha desmentido. El eje de esta declaración no es que unos y otros hablen o incluso que entiendan. Dado que la estrategia del Gobierno español en la lucha contra ETA y la izquierda abertzale está basada en buena medida en la conculcación de derechos básicos, lo determinante de estas palabras es que el ministro de Interior ha dado a conocer que la lleva a cabo «de común acuerdo» con el PNV.

Los últimos hechos invitan, además, a creer -al menos esta vez- las palabras de Rubalcaba. Si el pasado jueves se hubiera quemado un contenedor en algún punto de Euskal Herria, el PNV no hubiera tardado en reaccionar. Sin embargo, la Audiencia Nacional prohibió que miles de ciudadanos pudieran salir a la calle a demandar derechos, y los jeltzales no dijeron ni palabra. Hubo que esperar al viernes para que en una entrevista y a preguntas del periodista, el presidente del EBB defendiera el derecho de manifesta- ción (una referencia, por cierto, que no figura en la reseña de la entrevista que el PNV incluyó en su página web), y tuvo que llegar el sábado para que admitiera que la prohibición supone toda una provocación.

El Gobierno español, por su parte, da la impresión de sentirse muy incómodo con el escenario abierto el domingo y se encuentra a la defensiva. Sus declaraciones contundentes o la exigencia de prohibir manifestaciones son un ejercicio inútil, pues pasó el tiempo en el que sus exhibiciones de dureza (o inconsciencia) pudieran forzar una sensación de desestimiento en el independentismo.

Es probable que el Ejecutivo de Zapatero necesite tiempo y superar otras urgencias acuciantes, como la de los presupuestos, para afrontar de cara la nueva situación. Pero no cabe olvidar que los movimientos que se le piden, ahora también desde fuera de las fronteras de Euskal Herria, no son una exigencia de ETA o una condición para mantener el alto el fuego; son apenas el cumplimiento de unos mínimos en materia de derechos, libertades y garantías democráticas.

Se ha inaugurado un nuevo tiempo en Euskal Herria y se ha abierto el campo a la acumulación de fuerzas independentistas y de izquierda. Eusko Alkartasuna y la izquierda abertzale ya han avanzado un trecho con su acuerdo estratégico. Lo más eficaz es que se logren consensos con otras formaciones y agentes.

Evidentemente, cada cual es muy libre de diseñar sus tácticas y sus estrategias, aunque para que puedan materializarse deben ser acordes a su peso específico actual y al que se le puede prever en el futuro. Nadie es imprescindible y, por lo tanto, nadie está en condiciones de poner condiciones exorbitadas. Y algunos menos que otros. Porque el barco ha zarpado y la nave va.

A todos aquellos que digan que el anuncio de ETA del pasado domingo es «más de lo mismo», que no hay cambios en el panorama político vasco: que Santa Lucía les conserve la vista.