La lucha por los derechos civiles y políticos es un apartado central de la historia de los movimientos de liberación de diferentes pueblos. Los casos irlandés y sudafricano son, sin lugar a dudas, los más conocidos y han ejercido como modelo para otros movimientos a nivel mundial. Los diferentes archivos y museos sobre las épocas más duras de aquellos conflictos dan testimonio del sacrificio de miles de personas por lograr algo tan sencillo como que todas las personas tengan los mismos derechos y no sufran discriminación por razones de género, etnia, raza, religión o ideología.

En el caso irlandés, el movimiento por los derechos civiles marcó una época y cambió la percepción internacional sobre lo que estaba ocurriendo en el norte de Irlanda. Un museo recoge en Derry, cerca de donde ocurrió el Bloody Sunday, los hitos de aquella lucha (www.museumoffreederry.org). En el caso sudafricano, la creación del Frente Democrático Unido sudafricano (UDF por sus siglas en inglés) supuso un salto cualitativo en la articulación de un frente amplio por los derechos de todos los sudafricanos a la participación política y a la igualdad. La Fundación Mandela realizó una exposición al cumplirse veinticinco años desde la creación de aquel movimiento, exposición que aparece recogida en su página web (www.nelsonmandela.org/udf/) y que ofrece testimonio de cómo muchas personas que habían nacido en una posición de privilegio se implicaron en una lucha contra esos mismos privilegios, renunciando a ellos y sufriendo duros castigos por defender los derechos de los negros y los indios.

Esos casos enseñan cómo mientras la segregación política y social se limita a un sector concreto identificado con una etnia, religión o ideología concreta, es decir, en la medida en que se aplica directamente a negros, católicos o revolucionarios por poner ejemplos históricos reconocibles, las líneas rojas del sistema se mantienen más o menos claras y la situación estable en la medida de lo posible. Si, por el contrario, el movimiento político que pretende lograr un cambio estructural que garantice la soberanía de su pueblo y los mismos derechos para todos es capaz de romper ese cerco, resituarse y plantear una unidad de acción junto con quienes, aun sin tener cercenados todos sus derechos, se oponen a toda forma de discriminación y consideran que todo proyecto democrático debe poder desarrollarse en igualdad de condiciones, entonces las opciones de avanzar de esa lucha darán un salto cualitativo.

Un momento fundacional

Cabe recordar que, sin ir más lejos, algunos de los promotores y firmantes de la Declaración de Bruselas participaron de aquellos movimientos en favor de los derechos civiles que, a medio plazo y junto con otros factores y decisiones, inclinaron la balanza en favor de las luchas populares de aquellos países. Desmond Tutu o el propio Brian Currin militaron activamente en el UDF. En el lado contrario, no cabe duda de que la lucha por los derechos civiles de los irlandeses cambió la percepción que algunos de los expertos en resolución de conflictos ingleses que firmaron esa misma declaración tenían hasta aquel momento.

Lo que sucedió ayer en Bilbo también entra dentro de esta descripción. En el Kafe Antzokia se vivió el momento fundacional de un movimiento social amplio y plural por el respeto de los derechos civiles, políticos y humanos en Euskal Herria que en adelante se encarnará en Adierazi EH. Si la prohibición de las manifestaciones convocadas primero por esa plataforma y después por un grupo de ciudadanos pretendía evitar la imagen de una parte importante de la sociedad vasca reivindicando derechos y libertades para todos y sustituirla por una imagen de sucesos y un problema de orden público, el Gobierno español erró el tiro.

Los convocantes no buscaban sólo manifestarse ayer, sino denunciar que en Euskal Herria el Estado español vulnera derechos, entre ellos el de manifestación, de manera sistemática. Adierazi EH ganó así la primera batalla, la de la razón, al quedar demostrado que, efectivamente, su denuncia es procedente y se basa en hechos constatables. Y volvió a quedar demostrado que la justicia española no juzga delitos concretos cometidos por personas concretas, sino que criminaliza ideas y objetivos políticos legítimos de manera preventiva. Yendo un paso más allá, también criminaliza la solidaridad con quienes sostienen esas ideas. Extender la sospecha a ex consejeros del Gobierno de Lakua o a ex directores de la radiotelevisión pública es una evidencia al respecto.

No deja de ser significativo que esas decisiones vengan en la misma semana que ETA ha tomado una decisión histórica, anunciando el cese de acciones armadas ofensivas. El problema del Estado español no es de «terrorismo» ni de «seguridad». Es un problema de democracia, de derechos y de la capacidad para ejercerlos en su integridad. Es un problema de discriminación y segregación de la disidencia e incluso de la discrepancia. Su solución no es policial ni judicial, sino política. Y, aunque lo intenten enmascarar, lo saben. Ayer dejaron un triste testimonio de todo ello.