El juez de la Audiencia Nacional española Fernando Grande-Marlaska decretó ayer prisión provisional para Egoitz Garmendia, Aniaiz Ariznabarreta y Erika Bilbao, al igual que lo hiciera el viernes por la noche con el resto de los detenidos: Rosa Iriarte, Urko Aierbe, Ugaitz Elizaran, Joxe Aldasoro, Sandra Barrenetxea y Eneko Compains.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número tres comenzó a tomarles declaración por la mañana y a primera hora de la tarde hizo pública su decisión. En el auto de prisión, el juez del tribunal especial acusa a los detenidos en la redada del martes de «un delito de integración en organización terrorista y/o colaboración terrorista». Precisamente, sostiene que los encarcelados formaban parte de Ekin, organización que, según el auto, actuaba «dinamizando y controlando las distintas asociaciones ilegales de la izquierda abertzale», entre las que cita expresamente a Segi, Gestoras pro amnistía y Askatasuna.

Desde que fueran detenidos el martes por la madrugada y ante la brutalidad empleada en los arrestos, familiares y allegados han mostrado su preocupación sobre la situación en la que se encontraban los jóvenes y, de hecho, pidieron al juez que tomase medidas para evitar que fuesen torturados.

Sus temores se han confirmado. A la espera de que los encarcelados ayer se comunique con sus abogados, las seis personas que el juez mandó a prisión el viernes denunciaron haber sufrido torturas durante el periodo en el que han permanecido en manos de la Guardia Civil. Así, tal y como detalló ayer el movimiento pro amnistía, los detenidos han denunciado que les han golpeado continuamente y que les han practicado «la bolsa» mientras permanecían envueltos en goma espuma y atados.

Acoso sexual

Los arrestados han relatado que durante el periodo de incomunicación les han obligado a desnudarse en varias ocasiones y les han forzado a realizar ejercicios con el fin de minar sus fuerzas. Las amenazas con familiares han sido también, según el relato facilitado, una constante durante los interrogatorios, en los que cabe destacar que los guardias civiles incluso han llegado a acosar sexualmente a una de las detenidas.

En el auto dictado por el juez Marlaska se hace mención expresa a las denuncias de torturas efectuadas por los detenidos, afirmando que «adolece actualmente de significación, no pudiendo concluirse de los distintos informes médico-forense, no obviando como algunos de ellos han declarado, otros no han contestado a ninguna de las preguntas y otros simplemente a las que han deseado, la existencia de cualquier vulneración de sus derechos en sede policial».

Reprimenda al letrado

Grande-Marlaska también se refiere a la alegación presentada por el abogado de oficio de uno de los detenidos sobre el desarrollo de la declaración policial y entiende que «adolece de entendimiento dentro de las obligaciones que le corresponden en el ejercicio del derecho de defensa». «Si entendió que su asistencia no se concluía correctamente -prosigue el juez-, debió consignarlo en ese momento, y no en el día de hoy al interrogar a su representado».

«Contradicciones»

Pese a las denuncias de torturas, el juez ofrece total credibilidad a las declaraciones realizadas por los detenidos en sede policial que, «aún no ratificadas judicialmente, quedan corroboradas por elementos objetivos dignos de significación: documental, seguimientos policiales objetivados documentalmente». Todo ello, a pesar de que en el mismo auto se hace referencia a las «contradicciones» entre las declaraciones policiales y las realizada ante el juez, «cual es el caso de José Aldasoro quien niega no sólo las reuniones, sino asimismo conocer al resto de imputados, en colisión con las prueba firme en sentido contrario».

Tras tener conocimiento de las encarcelaciones, se llevaron a cabo las manifestaciones que se habían convocado en las cuatro capitales de Hego Euskal Herria. En ellas se denunció el trato sufrido por los detenidos y las torturas «diseñadas en las oficinas del Ministerio de Interior, realizadas en los calabozos de la Guardia Civil y silenciadas por los grandes medios de comunicación». El movimiento pro amnistía censuró que «mientras que en Euskal Herria se están dando pasos firmes para que nuestro pueblo conozca una situación democrática», el «Gobierno español responde con violencia».

Entiende que el final de la represión vendrá por la presión ejercida por la ciudadanía, por lo que la insta a movilizarse, a salir a la calle y a que cada uno en su ámbito asuma compromisos. «Somos los ciudadanos y ciudadanas vascas las que hemos iniciado el camino y nos corresponde llevar el proceso democrático, que a esta alturas no tiene vuelta, hasta su fin».