Si hace dos semanas ETA informaba a la sociedad vasca de su decisión unilateral e incondicional de «no llevar a cabo acciones armadas ofensivas», hoy la organización armada vasca da respuesta a la Declaración de Bruselas, en la que veintiún personalidades y expertos en resolución de conflictos celebraban los pasos dados por la izquierda abertzale y su compromiso con los medios «exclusivamente políticos y democráticos», a la vez que hacían un llamamiento a ETA para declarar un «alto el fuego permanente y completamente verificable» y a que el Gobierno español respondiese de manera positiva. En su nuevo comunicado ETA agradece la aportación realizada por esas personalidades y hace pública su disposición a «analizar de manera conjunta los pasos a dar, incluidos los compromisos que debería adoptar ETA». En su mensaje la organización armada hace expresa su apuesta por dar una nueva oportunidad a la resolución democrática del conflicto. En ese sentido, cabe subrayar el hecho de que ETA tome la iniciativa y su disposición a dar nuevos pasos.

No cabe duda de que se trata de un paso importante, otro más en la dirección establecida por las bases de la izquierda abertzale, lo que afianza su posición política. Asimismo, por estar dirigido directamente a la comunidad internacional y tratarse de una respuesta a una petición expresa, el discurso oficial de los responsables políticos españoles respecto al anterior comunicado no sólo es insuficiente para abortar las potencialidades de esta iniciativa política, sino que resulta necio.

La tortura como mensaje macabro

Mientras tanto, pocas horas antes de hacerse pública la noticia del anuncio de ETA, llegaban desde Madrid nuevas denuncias de torturas. Malos tratos que las autoridades españolas niegan por sistema, pero cuya inexistencia no pueden probar, pues los arrestos de esos nueve militantes vascos se han dado bajo un régimen de incomunicación ajeno a las más básicas garantías jurídicas de un estado de derecho occidental. Un espacio, los cuarteles de la Guardia Civil, y un tiempo, cinco días, opacos ante los derechos de las personas.

Ese régimen, denunciado por expertos contra la tortura, se aplica de manera sistemática a los ciudadanos vascos detenidos por razones políticas, por lo que ésta es la enésima denuncia. El contexto político en el que se desarrolla resulta, no obstante, especialmente significativo. El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero busca de manera obsesiva e irresponsable el cisma dentro de la izquierda abertzale y quienes le asesoran han debido pensar que esta operación era un buen golpe en ese sentido. Según esos expertos, detener, torturar y encarcelar a nueve independentistas reconocidos dentro de su movimiento por llevar adelante una labor militante puede servir para debilitar la unidad de la izquierda abertzale. Suena ridículo, pero ese parece ser el cálculo. En las dos semanas en las que Euskal Herria ha estado como nunca antes bajo la lupa de la comunidad internacional el Gobierno español, cercenando el derecho de manifestación y de libre expresión, realizando razzias policiales contra activistas políticos y con nuevos casos de tortura ha confirmado que las denuncias del movimiento independentista son pertinentes y justas. Por el contrario, el respeto a los Principios Mitchell no entran por el momento en los cálculos del Gobierno español, donde los segurócratas marcan la estrategia a seguir.

La responsabilidad de la comunidad internacional

Esta semana los dirigentes del Sinn Fein Alex Maskey y Bairbre De Brun han visitado Euskal Herria para reunirse con diferentes agentes políticos y hacerles llegar su visión sobre la importancia de aprovechar la oportunidad abierta por la izquierda abertzale. Las referencias a Irlanda como ejemplo y a Sudáfrica como fuente de inspiración, aun asumiendo las diferencias inherentes a cada situación, han sido una constante en la última década en el discurso político en Euskal Herria. De igual modo, los mandatarios españoles se han empecinado en negar cualquier similitud, contradiciendo la opinión de diferentes expertos pero, sobre todo, evidenciando su escasa voluntad de dar pasos positivos hacia un escenario de paz. ¿Cuáles son, si no, los modelos que maneja el Estado español? ¿Sri Lanka, Turquía, Israel...?

Por otro lado, la comunidad internacional no siempre ha acertado a la hora de favorecer la resolución de conflictos políticos. A menudo, demasiado a menudo, ha enviado el mensaje implícito de que la violencia resulta políticamente más rentable que los medios pacíficos y democráticos. También ha lanzado el mensaje de que los estados que la componen tienen permiso para violar sistemáticamente los derechos humanos y las libertades de los ciudadanos de las naciones sin estado que, legítimamente, aspiran a formar parte de ella.

Quienes defienden esa opción en Euskal Herria tienen mucho trabajo por delante. Quienes en la esfera internacional piensan que esa opción es legítima por medios democráticos y pacíficos tienen una oportunidad para ayudar a lograr un acuerdo político que traiga una paz justa y duradera. Este es el mensaje que cabe destacar.