Una semana después de la celebración de las elecciones legislativas en Afganistán, las denuncias por fraude se acumulan. Todo parece indicar que los grandes triunfadores serán nuevamente los intermediarios políticos, que se encargan de facilitar la creación de bloques parlamentarios heterogéneos que obedecen a las «élites» que se han apropiado de la mayor parte de la ayuda económica internacional, y cuya mera presencia deslegitima el sistema democrático afgano que intentan instaurar EEUU y sus aliados.

Hasta el jueves, la Comisión Electoral de Quejas había recibido más de 3.000 denuncias por irregularidades en las elecciones del 18 de septiembre, un día en el que, además, se registraron unos niveles de violencia generalizada -la mayoría ataques de la resistencia- más propios de los primeros meses tras la invasión .

Se habla de falsificación, soborno a funcionarios electorales, compra de votos, amenazas de violencia física, detenciones ilegales y corrupción a una escala tal que el propio hermano del presidente Hamid Karzai, Ahmed Wali, está bajo sospecha.

Casi 1.800 las denuncias han desembocado en una investigación en firme que podría cambiar significativamente el resultado de los comicios y aplastar las esperanzas depositadas en el «sistema democrático afgano».

A la espera de que comience el goteo de resultados a principios de octubre, quedan todavía cuatro grandes provincias en las que aún no se han podido recoger denuncias, entre ellas Kandahar.

A estos comicios se han presentado más de 2.400 candidatos, en liza por 249 escaños que proporcionan una enorme influencia política, pues el Parlamento es incluso capaz de censurar las decisiones de Karzai.