La diputada colombiana Piedad Córdoba ha anunciado que recurrirá la destitución y la inhabilitación de 18 años impuesta en su contra por el procurador general de Colombia, Alejandro Órdoñez, sanción que considera «una muestra más» de la «persecución política» que sufre por parte del Ejecutivo.

Córdoba destacó que Órdoñez, quien argumentó que la senadora colaboraba con las FARC, está siendo investigado por la Corte Suprema colombiana en el marco del conocido como «escándalo de las chuzadas», por supuestos seguimientos y grabaciones contra jueces, políticos opositores y periodistas que habrían sido realizadas por los servicios secretos a instancias del Gobierno del ex presidente Álvaro Uribe.

«Considero que la investigación disciplinaria adelantada por el seño procurador no tiene respaldo probatorio, mérito jurídico alguno y menos aún valor moral y ético», indicó la senadora del Partido Liberal, a través de un comunicado divulgado en su página web.

Córdoba, símbolo de la apuesta por la vía del acuerdo y la negociación en el conflicto colombiano, censuró que esta actuación es «una muestra más de la persecución política que se ha adelantado contra mí en los últimos doce años». Agregó que sus abogados «se pronunciarán sobre los aspectos jurídicos de forma y de fondo, ya que no puede ser este otro caso en que la Justicia quede en entredicho y al servicio de intereses ajenos a su necesaria imparcialidad».

Por su parte, el presidente venezolano, Hugo Chávez, tildó de «infamia» la actuación contra Córdoba, a quien mostró su solidaridad. «Me duele por Colombia», agregó el mandatario, quien recalcó que está seguro de que Córdoba sólo busca la paz en Colombia.