La denuncia por torturas realizada por el preso político vasco Mikel San Argimiro, incomunicado durante cinco días por la Guardia Civil en 2002, ha derivado en que, por primera vez, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos haya condenado al Estado español por un caso de torturas a un ciudadano vasco. El fallo puede fijar un antes y un después en esta materia, ya que castiga a Madrid por el hecho de no investigar las denuncias de torturas de San Argimiro, algo que es práctica habitual. En función de ello, la sentencia no puede ir más lejos, ya que al no haberse llevado investigación al- guna en el marco jurisdiccional español, Estrasburgo no puede entrar a valorar la existencia de torturas, aunque tampoco niega su práctica.

La sentencia que el tribunal europeo con sede en Estrasburgo hizo público ayer condena al Estado español por violar el artículo número 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos -alusivo a la prohibición de la tortura-, debido a «la ausencia de una investigación efectiva» en el aspecto procedimental.

El prisionero político de Donostia fue detenido en 2002 por la Guardia Civil e incomunicado durante cinco días, tras los que denunció haber sido objeto de torturas, llegando incluso hasta la rotura de una costilla. El fallo de Estrasburgo recoge cómo el día de su arresto, 14 de mayo de 2002, fue examinado por un médico forense que apreció contusiones y hematomas en diferentes partes del cuerpo, «compatibles con el desarrollo del arresto y las maniobras de inmovilización». Cabe recordar que éste es el mismo argumento que defiende el Ministerio de Interior español en el caso de Igor Portu y Mattin Sarasola, cuyas denuncias de torturas han derivado en la imputación por el Juzgado de Donostia de varios guardias civiles por tortura (serán juzgados el próximo 20 de octubre).

Desestimaron los vídeos

El segundo día de incomunicación, el informe médico forense constató nuevas lesiones «sin dar explicaciones sobre su posible origen». Cuatro días después, San Argimiro fue conducido al tribunal especial y el 27 de mayo ingresó en la cárcel de Badajoz, donde un médico detectó que tenía una costilla rota.

El represaliado político donostiarra presentó una denuncia por torturas en el Juzgado de Donostia. En el curso judicial de la querella, el Juzgado de Instrucción nº 43 de Madrid ordenó la apertura de investigación, pero posteriormente sobreseyó y archivó el caso. Un año más tarde, en noviembre de 2003, la Audiencia Nacional Provincial de Madrid defendió el archivo del caso, aunque estimó que «era necesaria una investigación más completa».

Así, el subdirector médico del Centro Penitenciario de Badajoz señaló en un informe que el dossier «no contenía el informe obligatorio del examen médico efectuado al demandante tras su primera entrada en prisión». Con este texto, en el que se recogía que «se podía considerar que la lesión sobre la costilla se había producido durante el arresto» y que podía haber sido una autolesión de San Argimiro «con un bordillo o una escalera», el juez archivó el caso por segunda vez. La tesis de la autolesión ha sido usada oficialmente en otros casos tan conocidos como el de Unai Romano.

En el argumento del sobreseimiento del caso, la Audiencia Provincial de Madrid desestimó emplear los vídeos del arresto al considerar que «serían insuficientes» para demostrar las lesiones, y añadió que era imposible identificar a los guardias civiles que participaron en su detención.

Irregularidades y lagunas

Tras constatar que no hubo investigación efectiva, el tribunal de Estrasburgo evidencia que «las jurisdicciones internas han rechazado las pruebas que hubieran podido contribuir a la aclaración de los hechos», en referencia al vídeo del arresto, para «identificar y castigar a los eventuales responsables». Además, califica de «irregulares» las «lagunas» existentes en el dossier del médico.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos no puede ahondar, al no existir una investigación al respecto, en la existencia o no de la práctica de la tortura en el caso de San Argimiro. Sin embargo, la falta de investigación es suficiente para condenarle por la vulneración del artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, el que prohíbe la tortura.

Aunque tanto instancias europeas como la ONU han venido reiterando al Estado español la aplicación de medidas contra la tortura, sobre todo la derogación de la incomunicación, Madrid sigue haciendo caso omiso. Como dato revelador, acaba de encomendar el papel de Mecanismo Nacional contra la Tortura al Defensor del Pueblo.

Desde Torturaren Aurkako Taldea (TAT), incidieron a GARA en la importancia y el gran valor de esta sentencia, ya que fija un precedente sobre la cuestión de la tortura en Euskal Herria.

Un fallo similar recayó contra el Estado español a raíz de las denuncias de tortura realizadas por los independentistas catalanes detenidos en 1992, en vísperas de los Juegos Olímpicos.