El sindicato LAB ha interpuesta una denuncia ante la Inspección de Trabajo de Gipuzkoa (con fecha del pasado 15 de setiembre) contra la Asociación de Vecinos Jaizubia de Irun-Hondarribia, urbanización que se encuentra en las faldas del monte Jaizkibel. LAB ha tenido conocimiento, y afirma tener abundante documentación que lo demuestra, de que en la urbanización "A" de Jaizubia trabajaron dos nicaragüenses durante varios meses de 2009 y 2010 sin contratos de trabajo, ni dados de alta en la Seguridad Social, entre otras irregularidades. Estas acciones se llevaron a cabo a espaldas de los copropietarios de dicha comunidad. Cabe destacar que el conocido empresario guipuzcoano Ángel Iglesias era el presidente de dicha asociación de vecinos cuando supuestamente se produjeron varias de las irregularidades y fraudulentas acciones ahora denunciadas por LAB, y pasó a ser vocal de la misma a mediados de 2009.

Según la denuncia a la que ha tenido acceso el diario GARA, la vinculación laboral de los trabajadores con la asociación se desarrolló en tres etapas diferenciadas. Así, LAB afirma que en febrero, marzo y abril de 2009 dos ciudadanos nicaragüenses realizaron varios trabajos en dicha urbanización. Las tareas fueron básicamente de mantenimiento de la urbanización; algunas se llevaron a cabo en plataformas a más de doce metros de altura, con el evidente riesgo de accidente que ello conlleva, y sin medidas de seguridad. Ambos operarios trabajaban unas diez horas al día, de lunes a viernes, por 50 euros diarios, según consta en la denuncia. Un residente de la urbanización era quien se encargaba de pagarles y era él mismo quien facturaba de la misma asociación 13,50 euros por cada hora del servicio de los trabajadores nicaragüenses.

Sin contrato ni garantía alguna, además de los trabajos propiamente de la comunidad, el sindicato abertzale asegura que los dos empleados fueron obligados en reiteradas ocasiones a trabajar los sábados en villas particulares de la urbanización. La misma persona que les pagaba los 50 euros diarios era quien cobraba los trabajos de las villas, pero no remuneraba a los dos trabajadores con el argumento de que era «por lo cobrado entre semana».

Al respecto, el sindicato afirma tener pruebas de que la persona que se encargaba de pagar a los dos trabajadores cobraba por transferencias bancarias de la urbanización el dinero correspondiente, pero no les consta que se emitieran factura alguna.

En una segunda etapa, en los meses de agosto, setiembre y octubre de 2009, posterior al mes de julio, cuando tras un año de presidencia en la asociación Ángel Iglesias pasó a ser vocal de la misma, ésta encomendó a una empresa los trabajos que realizaban los dos ciudadanos nicaragüenses. No obstante, LAB afirma tener pruebas de que fueron los mismos empleados en cuestión los que continuaron llevando a cabo los trabajos y que siguieron haciéndolo sin contratos ni justificantes de estar inscritos en la Seguridad Social. Quien les pagó durante este periodo fue la misma persona que lo hacía antes y, a su vez, continuó con el mismo método de hacerles trabajar los sábados pero sin pagarles. De esos meses existen facturas, según afirma el sindicato, incluso con IVA -una de ellas sólo con la mitad del impuesto-, emitidas por una empresa de nombre Stegaran 2006 S.L. que sería la firma contratada por la asociación.

Por último, en los meses de noviembre y diciembre de 2009 y enero de este año continuaban trabajando en la urbanización las mismas personas pero esta vez la compañía que supuestamente las «contrata» pasa a ser la empresa Imdecon. No obstante, ambos continúan sin contratos de trabajo ni inscritos en la Seguridad Social, así como manteniendo la relación en el momento de los pagos con la misma persona que lo hacían desde el principio.

En los meses de este último tramo se hizo una solicitud de la relación de horas de trabajo externo a la asociación. No obstante, en la documentación aportada por el gerente de la misma, en lugar de figurar el nombre de los dos nicaragüenses, que según el sindicato fueron los que trabajaron en la urbanización también en ese periodo, aparecían otros nombres diferentes. «Creemos que estos documentos están falseados», afirma LAB, concretamente, por el gerente y el jefe de mantenimiento de la urbanización. Aún más, en la denuncia consta que «ante la evidente inexactitud de dichos documentos, el jefe de mantenimiento acaba reconociendo este hecho, argumentando que su firma fue provocada por 'coacciones' y 'amenazas'» del gerente y de la persona que les pagaba a los dos nicaragüenses. Además, la declaración de este jefe de mantenimiento de que firmó los documentos contra su voluntad está ratificada ante agentes de la Ertzaintza.

Documentos falsificados

Asimismo, LAB señala que desconoce a quién corresponden o si han sido falsificadas las firmas que aparecen en el supuesto documento falseado bajo los dos nombres que no corresponden con los nicaragüenses, «pero entendemos que los responsables son seguramente» el gerente y la persona encargada de los pagos. No sería además el único documento falsificado relacionado con este caso, señala LAB, porque afirma que según la información que obra en su poder el gerente de la urbanización falsificó más documentos.

El sindicato abertzale concluye por lo tanto que «tenemos toda la documentación y pruebas necesarias para demostrar lo que denunciamos (relación de horas de trabajo externo, copias de Libro Mayor, copias de facturas, copias de transferencias bancarias, testimonios de testigos, etc.)». Asimismo, la central manifiesta que entre todas las acciones narradas «consideramos que existen delitos contra los derechos de los trabajadores, fraude a la Seguridad Social y a la Hacienda, así como falsedad en documentos y coacción a trabajador para firmar documentos falsos».