En el juicio celebrado ayer a la mañana en el Juzgado de lo Social nº 1 de Eibar se vio algo más que la demanda por despido improcedente interpuesta por el ex administrador de la residencia de ancianos de Eskoriatza contra el patronato de la entidad. Aitor Urrutia Oianguren pretendió hacer creer que era un simple empleado, algo que no logró a la vista de los testimonios ofrecidos por diferentes testigos, entre ellos de la propia Diputación guipuzcoana.

La vista en el Juzgado de Eibar no es sino el colofón a varios meses de convulsión en Eskoriatza, al conocerse de las irregularidades detectadas en la gestión de su residencia para personas mayores por parte de Urrutia Oianguren. Han sido de tal magnitud lo descubierto sobre la grave situación económica del centro que, el 29 de setiembre, el Pleno municipal acordó «no someter a pactos o negociaciones» la demanda interpuesta por el ex director del Hospital Asilo Nuestra Señora de las Mercedes. La proposición del alcalde, el independentista Pedro Lasagabaster, fue apoyada por los cuatro ediles del equipo de gobierno y los tres de Elizateak, PSE y EA, absteniéndose dos corporativos de H1! y PNV.

Según Lasagabaster, en una reunión del patronato celebrada en mayo, el ex director, en calidad de vicepresidente de la fundación, reconoció su responsabilidad en la grave situación económica de la entidad, que luego negó al ser despedido y plantear la demanda por despido improcedente. Entre las acusaciones se encuentra la de que Urrutia Oianguren no llevó la contabilidad de la residencia desde 2006, lo que ha obligado a contratar a un tercero.

Todo el escándalo estalló cuando la empresa que presta servicios de personal auxiliar y de limpieza en el centro acudió al Ayuntamiento para informar de que el administrador-director había acumulado una importante deuda con la firma. Los representantes municipales trasladaron la denuncia a la junta del patronato y al propio afectado, que, según recuerdan en el Consistorio, reconoció la existencia de la deuda y la ocultación por su parte de la misma.

Además, Urrutia informó de que se había gastado prácticamente todo el dinero que se reservaba para la reforma de la residencia, unos 300.000 euros, según el ya ex director. Tras contratar a un auditor externo, y a pesar de que el despedido hablaba de balances positivos, se demostró que se acumulaban pérdidas de 100.000 euros en 2007 y en torno a 300.000 euros para 2008 y 2009. En 2006 las pérdidas de 60.000 euros se compensaron con donaciones de hasta 280.000. Para mayo de 2010, cuando estalló el escándalo, la tesorería estaba prácticamente agotada.

Tras analizar la contabilidad, se confirmó que entre abril de 2009 y mayo de 2010 las deudas contraídas alcanzaron, como mínimo, unos 390.000 euros. Asimismo, se destapó que Urrutia no presentaba la solicitud mensual de ayudas a la Diputación desde diciembre de 2009 y que tampoco cumplió con su obligación de actualizar el Catálogo de Servicios Residenciales exigido por la institución foral para que el centro pueda cobrar las tarifas máximas por residente concertado y cubrir así los costes actuales del servicio que se presta.

Por iniciativa del Consistorio, en colaboración con las trabajadoras de la residencia y en continuo contacto con Diputación, se ha logrado que la institución foral abone rápidamente las ayudas pendientes -unos 189.000 euros- y se ha conseguido que se actualice en un tiempo récord el catálogo de servicios residenciales.