En vísperas de la clausura del congreso laborista, el primer ministro británico, David Cameron, trató de minimizar el impacto de las medidas de austeridad anunciadas la víspera por su ministro de Finanzas, George Osborne, y prometió que no se quedará «con los brazos cruzados» ante las grandes subvenciones que están recibiendo los bancos con motivo de la crisis.

David Cameron aseguró comprender la ira de la población británica. «La gente está encolerizada porque ve que los bancos están fuera de control. Es una parte del problema que ha contribuido a nuestras deudas y a nuestro déficit, pero no hay que olvidar que el [anterior] gobierno laborista tiene asimismo una gran responsabilidad en ésto», matizó, en un intento de cargar las tintas sobre sus enemigos políticos.

Evocando el discurso de Osoborne, el inquilino del número diez de Downing Street advirtió de que «si esa gente [en referencia a los banqueros] recibe importantes bonos pero luego no da crédito a las pequeñas empresas, que son las que deben relanzar nuestra economía, no hay nada que hacer».

Por de pronto, el partido conservador ya ha decidido qué hacer y, en su discurso, Osborne, anunció medidas de contención del gasto social. La primera consistirá en suprimir las ayudas por hijos a las familias en las que uno de los cónyuges tenga ingresos anuales superiores a 44.000 libras (51.000 euros).

No obstante, si ninguno de los cónyuges gana más de ese tope podrán seguir recibiendo las subvenciones aunque sus ingresos conjuntos superen los 100.000 euros.

La segunda propuesta establece que ninguna familia podría obtener ayudas públicas superiores al salario medio de una familia británica (30.000 euros anuales) con la excepción de las viudas o las familias con personas discapacitadas.

Los analistas coinciden en que las medidas afectarán a las clases medias.

A trabajar en la cárcel

El ministro de Justicia, Ken Clarke, anunció un plan para forzar que los presos tengan jornadas laborales de 40 horas semanales que les saquen de «una forzosa y aburrida inactividad» y que permitan el pago de indemnizaciones a las víctimas.

Clarke manifestó que el objetivo es que las cárceles se conviertan en «lugares severos de trabajo duro y reforma» y aseguró que para ello se facilitará una mayor participación del sector privado, reservando un 20% de los ingresos en un fondo para las víctimas.