No obstante la legítima esperanza que gana espacio en Euskalherria en procura de un futuro que haga posible la paz devolviendo a la ciudadanía sus más elementales derechos, sigue la kale borroka poniendo en peligro la convivencia social.

En las últimas semanas ha aumentado el número de consumidores heridos por alzas de precios y son miles los afectados por los llamados reajustes económicos.

Continúa registrándose en despachos oficiales el porte y tenencia de promesas ilegales, la quema de compromisos públicos y de acuerdos alcanzados, a la vez que persiste el secuestro de salarios, los decomisos de confianzas, las violaciones al código laboral, así como las falsificaciones de ánimos y expectativas, y los sabotajes a cualquier utopía que se empeñe en sobrevivir a la barbarie.

Es incontable el número de trabajadores extorsionados que están recibiendo cartas exigiendo el impuesto empresarial que primero conduce al despido y, finalmente, remite al desempleo.

Innumerables rentas y pensiones han sufrido violentas agresiones, al tiempo que, desde el gobierno, se asegura va a seguir suplantándose la voluntad popular y, en consecuencia, incentivándose el fraude electoral y adulterando la democrática representatividad.

Miles de personas se han visto afectadas por públicas exhibiciones de impunidades varias, y otras tantas han sido objeto de atropellos legales, vejámenes, prohibiciones, amenazas, detenciones y torturas, mientras grupos de encapuchados armados de porras y escudos, perfectamente organizados, han vuelto a pegar fuego a universales derechos humanos.