«Si no se van, los vamos a colgar en el atrio de la iglesia y echaremos gasolina a sus casas», fue el ultimátum lanzado a través del equipo de sonido del palacio de gobierno del municipio autónomo de San Juan Copala (en el estado mexicano de Oaxaca) a las últimas 50 familias que habían resistido 10 meses de asedio y cerco paramilitar.

Al día siguiente de las festividades del Bicentenario de la independencia, y durante los siguientes días, niños, ancianos y algunos adultos decidieron abandonar sus casas en grupos, rumbo a otra comunidad hermana. Se fueron con lo puesto, y con la decisión de que si alguien era acribillado, el resto seguiría hasta llegar al destino. Su único impulso fue el anhelo de continuar con el municipio autónomo y de justicia.

Pocos identificaron las diversas voces masculinas amenazantes, pero todos coinciden: era la gente del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), encabezado por Heriberto Pazos, y de Amado Ortiz Domínguez, originario de la comunidad de Rastrojo, también líder de esta organización, vinculada al PRI y a grupos paramilitares.

Cada familia había soportado los cortes de agua potable, electricidad, escasez de alimentos y que sus perros y pocas aves de corral sirvieran de tiro al blanco. Pero tras los asesinatos a manos de elementos paraestatales de Beatriz Alberta Cariño Trujillo, directora del Colectivo CACTUS, y del activista finlandés Jiry Antero Jaakola -el pasado 27 de abril- durante el ataque a la caravana humanitaria que se dirigía al municipio autónomo, y las ejecuciones -el 20 de mayo en Yosoyuxi, Oaxaca- del líderes indígena Timoteo Alejandro Ramírez y su esposa, Cleriberta Castro, las balaceras fueron dirigidas contra las casas de quienes se negaban a abandonar su lugar de origen.

«Fueron rodeando las casas; no podíamos hacer nada, ni asomarnos a las ventanas ni entreabrir las puertas; ya ni las mujeres ni los niños podía salir. Por el aparato de sonido decían que estaban bien armados; eran muchos hombres encapuchados, bien entrenados, que rodearon Copala», dice Jordán Ramírez, de 32 años, padre de seis menores y quien durante una década fue guardaespaldas de Antonio Cruz García, integrante de la Unión de Bienestar de la Región Triqui (Ubisort, a quienes se acusa de tener relación con las ejecuciones de Cariño y Jaakola).

Otro hombre señala tuvo que dejar su casa, ya que desde primeros de agosto los tiroteos y las amenazas empezaron a ser aún más constantes. Al parecer, los paramilitares están queriendo asestar el último golpe al pueblo luchador triqui.